Su posición a favor del matrimonio gay no le acarreará ni mayores éxitos ni rotundos fracasos electorales, sencillamente porque el tema ha sido asumido por la gente con mucha mayor seriedad de la que él profesa ordinariamente.

Contra lo que muchos progresistas podrían pensar a priori, este debate ha sido un modelo de tolerancia y sensatez a nivel de opinión pública. Prácticamente nadie, ni aún los sectores más reaccionarios, se han opuesto a que las personas de un mismo sexo puedan llevar adelante una convivencia estable con todos los derechos que le asiste a una familia heterosexual. El consenso sobre la necesidad de legislar sobre una Unión Civil que contemple estos casos es casi unánime. En lo único que existen diferencias es sobre la posibilidad que estas parejas puedan adoptar niños. Debe convenirse que es una duda legítima, que excede a odiosas clasificaciones pseudoideológicas entre conservadores o liberales: nadie podría ser descalificado por expresar sus reservas en este punto.

Entre la clase política sucede exactamente lo mismo. Hay unanimidad en equiparar las parejas homosexuales a las heterosexuales respecto en aspectos tales como la herencia, pensiones, obra social y bienes de familia, entre otros derechos, pero no hay acuerdo sobre la adopción. Sólo en este punto podría decirse que la unión civil que muchos defienden no es un matrimonio. En el resto de los temas, las diferencias prácticas no existen. Debido a lo delicado de esta única línea divisoria, la mayoría de los senadores se ha cuidado de politizar el asunto, sencillamente porque comprenden que es esta una cuestión de conciencia y que, en tal ámbito, las especulaciones políticas deberían estar vedadas. Excepto, claro, para Luis Juez, a quien le fastidia enormemente que haya posiciones diferentes a las suyas y que, por tal motivo, deba atacarlas cuando nadie le reclama que lo haga.

En lo que sí coinciden muchos es que el asunto tiene un final abierto. Si bien es cierto que la comisión de Legislación General votó por mayoría a favor de un proyecto de Unión Civil, este dictamen no representa, necesariamente, la convicción del Senado. El tema tiene tal complejidad que Juez votará junto a sus archienemigos kirchneristas, mientras que algunos oficialistas terminarán haciéndolo con el PRO y con Ramón Mestre (h). Pero esto es una anécdota. La gran novedad es que no hay nada de malo en que esto ocurra, y que la sociedad ha aceptado que -en cuestiones de conciencia- los agrupamientos asertivos transversales son inevitables. Claro que la aceptación social de la diversidad no significa pasividad. Son muchos los grupos de presión que se han movilizado a favor o en contra del matrimonio gay con ruidosas manifestaciones o utilizando el recurso del correo electrónico, un instrumento que algunos legisladores favorables a la iniciativa han denunciado como “coerción” por parte de grupos religiosos. Así son las sociedades abiertas, democráticas, y es deber de los representantes de pueblo escuchar todas las posiciones, aún las que les molestan.

En síntesis, el senador Juez no debería preocuparse por las próximas elecciones. Si su opción es defender el matrimonio gay, los cordobeses tomarán este voto como un sano ejercicio de las convicciones personales dentro de un país plural; no habrá reproches en tal sentido. En muchos aspectos, los cordobeses son más tolerantes de lo que él suele ser, especialmente con los “bolivianos”, los supuestos “corruptos” y (paradójicamente en este caso) con los “pucheros”, a quienes imaginaba como pasajeros del denostado tren bala. Antes de inquietarse por las imaginarias consecuencia electorales de esta votación, debería concentrarse en la coherencia de sus ideas -y de sus acciones- políticas, un asunto que sí llena de pavor a muchos electores.