El Banco Macro seguirá con la administración de los recursos de la Provincia durante los próximos 10 años, aunque el lazo contractual podría extenderse aún más. Así lo estipula la cláusula primera del convenio aprobado ayer por el oficialismo en la Legislatura.

"El presente contrato de prestación de servicios vence el día 8 de julio de 2021. A su vencimiento se considerará tácitamente renovado por períodos sucesivos de un año, salvo que cualquiera de las partes manifieste fehacientemente su voluntad en contrario con un año de anticipación a cada vencimiento", reza el texto de la modificada cláusula novena del acuerdo.

Precisamente, la discusión respecto de la prórroga anticipada del vínculo entre el Poder Ejecutivo y el agente financiero oficial enfrentó al oficialismo y a la oposición.

El oficialista José Alberto Cúneo Vergés defendió el pedido del Gobierno. Adujo que, pese a que el contrato firmado en 2008 vence en julio del año que viene, una cláusula establece que las partes deben acordar la extensión o la finalización del contrato con un año de anticipación. "Esto, por la envergadura de las operaciones financieras", precisó. Detalló que el canon mensual que paga la Provincia por el servicio se mantendrá en $ 1,5 millón (podrá ser revisado cada dos años), que el banco se compromete a incorporar un 20% más de cajeros, que el PE podrá habilitar el cobro de impuestos y de servicios en otras entidades; y que tendrá a su disposición una línea de crédito de $ 400 millones.

Luis José Bussi (Republicano Fundacional) no se quedó conforme con esas explicaciones. "¿Qué motiva al PE a eximir del pago del impuesto a los sellos al banco? Es un privilegio ilegal, una burla a los tucumanos que trabajan y que pagan Sellos. Cuando se aprobó la refinanciación hablamos de no endeudarnos, y ahora ya se prevé un crédito", cuestionó el opositor.

Federico Romano Norri (UCR) fue tajante. "Alperovich compromete las finanzas públicas sin que nadie más que él sepa las condiciones. Tanta premura es sospechosa, sin contar que la renovación del contrato se hace sin llamado a licitación y antes del recambio de autoridades de 2011. Cualquier banco debería pagarle a la Provincia por este servicio, porque si no hacen negocios por todos lados; el banco no tiene problemas, tiene una incobrabilidad cero", afirmó. El republicano Ricardo Bussi no se quedó atrás: "le estamos dando una cartera cautiva. Es increíble que se otorgue esa concesión en forma directa. Lo que está haciendo la Legislatura es espantoso".

Otro radical, Jorge Mendía, auguró para que los bancos provinciales vuelvan a manos del Estado, mientras que Osvaldo Cirnigliaro (laborismo) advirtió que no hay ningún beneficio para la Provincia en la renovación del contrato. "Recién dijeron que no se iban a tomar más créditos, y ahora vemos que hay un préstamo por $ 400 millones. Después dicen que los de la oposición no somos serios. Para el banco es un gran negocio administrar $ 7.500 millones anuales del Presupuesto, ¿cuál es el beneficio para el Estado", preguntó. Finalmente, Esteban Jerez (bloque Alberdi) dijo que no existe ningún argumento válido para se aprobara ahora una prórroga del contrato. "Tal vez Jorge Brito tenga temor de que algo suceda en 2011", dijo, en alusión a una eventual derrota del kirchnerismo y del alperovichismo en los próximos comicios.

"¿Un almacenero le daría una libreta de fiado al vecino que se está por mudar?", retrucó el oficialista Roque Alvarez. De inmediato, negó que el banco vaya a tener a los estatales cautivos, a partir de la disposición del Banco Central que elimina el cobro de los gastos administrativos para el mantenimiento de las cuentas sueldo. "No seamos hipócritas", reclamó.