Durante las jornadas que se desarrollaron en Tucumán tendientes a recabar los posicionamientos que se reflejaron en torno a la modificación y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, la postura de algunos referentes parlamentarios de la provincia no estuvo ausente, y fundamentalmente, las opiniones vertidas significaron una crítica para con aspectos centrales que establece el nuevo cuerpo normativo que pretende homologarse.

De esta forma, y ante la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación que se ocupa de escuchar la serie de ponencias que se concretaron para postular las visiones que se proyectan en razón de este tema, dos legisladores tucumanos de la oposición dejaron asentada su postura sobre los puntos polémicos incorporados al Código que versan básicamente sobre las regulaciones en materia de relaciones y órdenes de filiación y familiares (institución matrimonial y divorcio express), como así también objetaron las prácticas de fecundación asistida que son reconocidas por el Código.

Además de ello, en representación de la Democracia Cristiana, José Páez cuestionó la metodología en que fue elaborado y redactado el anteproyecto puesto a consideración de la ciudadanía para su análisis y posibles modificaciones. En tal sentido, Páez remarcó su contrariedad respecto a la participación en este proceso de dos jueces pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo son su presidente, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco.

"La intromisión del Superior Tribunal del país, como también de otros miembros del Poder Judicial de la Nación, constituye una intromisión inaceptable, e implica que no podrá intervenir en eventuales planteos de inconstitucionalidad, toda vez que han fijado posición ante todo el país, antes de que se discuta la ley de la reforma", sostuvo el referente de la DC.

A su vez, Páez indicó que en la normativa referida al matrimonio desaparecen algunas obligaciones que se encontraban en el texto que se propone reformar. Consideró, a tal efecto, que se propone un deber moral de fidelidad pero con un carácter meramente enunciativo, ya que no puede ser invocado su incumplimiento como causal de disolución del vínculo en el divorcio, porque la rescisión puede solicitarse sin establecer un fundamento, creando así la figura del "divorcio express".

"La inclusión del matrimonio igualitario en una institución con mucha historia nacional como lo es el matrimonio, la legalización de la unión convivencial convierte al matrimonio de centro de imputación de un conjunto de derechos y obligaciones de la familia moderna, en un instituto casi innecesario para el ejercicio de los derechos que hacen a la obligaciones filiales que hacen a la educación y a la salud, y a los derechos sucesorios", explicó el dirigente opositor.

Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR) estimó que hay otros aspectos del Código Civil que violentan principios arraigados en la sociedad argentina, entre los que destacó aquellos puntos referidos a la gestación por sustitución (práctica que se conoce como alquiler de vientre).

"Sin duda que la iniciativa relativa a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, sacude no solo nuestra imaginación, también conmueve nuestra conciencia", adujo la radical en su exposición.

Es en este sentido que salió al cruce de aquellos argumentos que grafican que este tipo de procedimiento viene llevándose adelante desde años en la Argentina por lo que debe ser considerado válido, puesto a que se adecuarían a los estándares sociales y éticos de los tiempos actuales.

"Hay conductas que se siguen repitiendo a través de los tiempos y afectan la moral y las nuevas costumbres, constituyen delitos, y a nadie se les ha ocurrido legalizarlos", refutó la parlamentaria.

En lo que concierne a las afectaciones que propiciaría la norma propuesta, Elías de Pérez aseveró que "por una supuesta vía útil a la integración de la familia, se promoverá la introducción de la maternidad en la trata de personas y, aunque se lo niegue, en la legitimación del mercado de bebes".

Postuló que las mujeres que se prestarán para llevar adelante estas prácticas serán las de menor poder económico con el objeto de recibir un resarcimiento monetario por prestar su cuerpo y vientre para que se proceda a la fertilización, más allá que la normativa prohíba la retribución pecuniaria en estos casos, ya que la gestante debe acreditar ante un juez que no recibió pago de ningún tipo.

"Esperemos que esto no se transforme en un negocio rentable para unos cuantos. Alrededor de esta propuesta legislativa, ya veremos medrar hasta contratos de seguros, que operarán sobre la salud de la mujer y el niño. Lo que se va a sancionar es un salto al vacio de la condición humana. Además estoy convencida de que estaremos asistiendo a la legalización de una forma más de explotación de la mujer, a la que se le cercenarán sus libertades y será objeto de un acoso singular", especificó la correligionaria.

Sobre este tema, Páez hizo alusión al proceso identitario del bebé, puesto que el proyecto "logrará el nacimiento de muchos niños que nunca podrán conocer a sus padres biológicos, o sea, carecerán de una verdadera identidad natural, y además que son identificados como hijos nacidos de una implantación de embriones", analizó.

Piden regular sanciones al trabajo periodístico para evitar hechos de censura

La regulación que pueda establecerse en el marco del ejercicio del periodismo en el país también fue una de las aristas que se abordaron en la audiencia pública concretada en las instalaciones de la legislatura local, sobre la modificación y unificación del Código Civil y Comercial. Es en este sentido que las alocuciones vertidas estuvieron relacionadas con las sanciones que pueden recaer en los profesionales de la comunicación en caso que referentes de los poderes públicos, especialmente, se vean afectados por las publicaciones, informaciones u opiniones que sobre ellos se emitan.

Así, y de acuerdo a las argumentaciones expuestas por representantes de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), Federación Argentina de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación -FETRACCOM- y la CTA, indicaron que las figuras delictuales tanto penales como civiles resultan los medios a los que los funcionarios públicos recurren a fin de procurar la limitación a las críticas que les resultan desfavorables. "Es decir, recurrir a la justicia es una forma de provocar silenciamientos en los periodistas", se adujo en la ponencia respectiva.

A su vez, el representante de la APT, Gustavo Rossi, remarcó que "es por este estrecho vínculo entre libertad de expresión y derecho a la información, que la responsabilidad jurídica (y no ética) del informador constituye una limitación a la libertad de expresión. Por tanto, sólo puede provenir de la ley. Es exigencia además, que esas leyes sean lo más claras y precisas como sea posible y no le dé excesivas facultades al juzgador".

Por tal motivo, es que se requirió el reconocimiento explícito en el Código de la doctrina conocida como "real malicia", donde se resalta que el daño a la reputación de una persona a través de informaciones u opiniones periodísticas se reconocerá exclusivamente si este perjuicio se debió a la difusión maliciosa de información falsa. "La reparación del honor o intimidad afectados por una publicación debe hacerse efectiva. No propiciamos un comodín legal para la prensa, sino su posibilidad de desarrollo dentro del sistema democrático, en acuerdo a los aportes que efectúa al debate", adujeron las entidades nombradas.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) propuso ante la Comisión Bicameral que se incluya en el nuevo texto un tope lógico y previsible de los montos indemnizatorios por daños morales en las demandas a periodistas. Para ello, se consideró que el tope guarde relación con el salario mínimo.

Según lo remarcado por FOPEA, esta proposición responde a la necesidad de fijar criterios claros y previsibles, para evitar que, con el pretexto de resarcimientos de ese tipo de daños, se puedan deducir demandas por cifras monetarias abultadas.

"Demandas que tengan por velado objetivo frenar o anular a la prensa, más que la exigencia de una reparación adecuada, lo cual está operando en muchos casos como censura previa, ya que ataca al derecho humano a la información y genera incertidumbre e inestabilidad a los periodistas", advirtió Fabio Ladetto, presidente de la institución.