La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se negó a aportar información sobre por lo menos tres millonarias operaciones de comercio exterior que involucran a entidades de las Madres de Plaza de Mayo, que LA NACION reveló la semana pasada.

En una carta firmada por su directora general, María Siomara Ayerán, la Aduana sólo negó que una importación haya levantado resistencia dentro del organismo; también negó que hayan desaparecido dos expedientes sobre donaciones recibidas por la entidad que preside Hebe de Bonafini.

Las sospechas se concentran en múltiples donaciones, entre otras dos efectuadas por Cis SRL y Ceramic Industry Supplying SRL para una entidad de las Madres, la Asociación Rebeldía y Esperanza. Todas fueron gestionadas ante la DGA por el área Redes de la Cancillería.

Ante la consulta posterior de La Nacion, sin embargo, la AFIP se negó a precisar dónde se encuentran esos expedientes o siquiera a aportar los números con los que se asentaron en los registros de la Aduana, aun cuando no son confidenciales.

En su carta, no obstante, Siomara Ayerán reconoció que la Fundación Madres de Plaza de Mayo , como entidad sin fines de lucro, inició los "trámites de exención" ante la Dirección General Impositiva (DGI) para evitar el pago de ciertos impuestos de una tercera operación: la importación de la maquinaria italiana con la que luego debió construir las viviendas sociales.

Según la titular de la Aduana, sin embargo, en algún momento la fundación cambió de parecer y, aun cuando debió quedar exenta, optó por pagar "las sumas de US$ 230.153,41 en concepto de IVA; US$ 8632,71 de derechos de importación, y US$ 36,72 por tasa de estadística".

LA NACION consultó entonces qué ocurrió con el trámite de exención gestionado ante la Agencia 8 de la DGI para obtener el certificado que, si no hay problemas, suele librarse en apenas 72 horas. Pero la AFIP se negó a aportar precisiones sobre ese trámite, por qué quedó varado o siquiera a aportar los números de esas actuaciones.

LA NACION consultó, además, si la contramarcha de la fundación -y el posterior pago de unos impuestos que podría haber evitado- no activó los usuales estamentos de control por posibles pagos indebidos al exterior o un eventual lavado una vez ingresada la maquinaria.

A la Justicia

Entre esos controles, según precisaron expertos aduaneros, descuella la revisión del valor declarado, como lo establece la resolución general 1907 de la AFIP, que le permitía a la Aduana requerir hasta el permiso de expedición de su contraparte italiana y coordinar acciones de control con la DGI, como lo fija el art. 3° de esa misma RG 1907. Pero tampoco obtuvo respuesta.

Siomara Ayerán, por último, retomó el presunto extravío de dos expedientes referidos a dos donaciones "con destino a la Fundación Madres de Plaza de Mayo", aun cuando LA NACION abordó dos operaciones de otra entidad de las Madres, la Asociación Rebeldía y Esperanza, que figuran en los registros de la Cancillería y la Memoria Detallada del Estado de la Nación de 2003.

Dado que los números de esos expedientes no deberían ser secretos, LA NACION solicitó esa información para continuar luego por su cuenta con la búsqueda de datos. También preguntó si la Aduana controló "los certificados de donación emitidos en el consulado del país de procedencia de la mercadería donada"; quién "firmó la solicitud para que autoricen la importación de esas donaciones"; si la Aduana "ejerció el control inherente a la comprobación de destino de esa mercadería donada" o siquiera si le "consta a la Aduana que la mercadería donada amparada por los expedientes fue utilizada por las Madres y no por una empresa", como la sociedad Meldorek, de Sergio Schoklender , lo que podría configurar un contrabando.

En efecto, si la fundación prestó, vendió o siquiera cedió la maquinaria a un tercero, como Meldorek, podría configurar un contrabando, con penas de 4 a 10 años de prisión -si hubo connivencia de funcionarios aduaneros o de la DGI-, y multas por hasta 20 veces el valor "en plaza" de la mercadería, además de su decomiso. Es decir, más de US$ 43 millones. Pero la AFIP tampoco contestó.

Por el contrario, Siomara Ayerán sólo informó que la Aduana envió a la justicia federal la "documentación relacionada" con el artículo de La Nacion. Pero desde la AFIP tampoco precisaron "a qué juzgado, secretaría y/o fiscalía la remitieron", ni qué material enviaron. Es decir, si enviaron "las copias de los expedientes de las donaciones de Cis SRL y Ceramic Industry Supplying SRL o sólo la carpeta del despacho del Sistema Informático María".

LAS CLAVES

Operaciones bajo la lupa: por lo menos dos donaciones desde el exterior y una importación para las Madres de Plaza de Mayo generaron controversia dentro de la Dirección General de Aduanas (DGA) por el riesgo de que ocultaran presuntos contrabandos.

Posición oficial: la directora de la DGA, María Siomara Ayerán, defendió la actuación de su organismo, negó cualquier irregularidad e informó que remitió a la Justicia la información para su análisis.

Silencio posterior: ante la consulta de LA NACION, sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la cual depende la DGA, se negó a dar más información sobre los expedientes de esas operaciones.