Fue durante la reunión de defensores del Pueblo de todo el país que se hizo en Bariloche, donde más de 30 ombudsman aprobaron por unanimidad una declaración de interés por lo actuado.

En el marco del primer Plenario Nacional de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), que se desarrolla en la ciudad de San Carlos de Bariloche desde el miércoles, los 30 ombudsman allí presentes suscribieron por unanimidad una declaración de interés del foro sobre el trabajo administrativo, técnico y legal que desarrolla la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, en la lucha contra la contaminación de la cuenca Salí-Dulce.

Igual iniciativa tuvo el trabajo desarrollado por el órgano consultivo que tiene a su cargo la tarea de contralor de volcado de efluentes contaminantes (vinaza), integrado por la Secretaría de Ambiente de la Nación, los gobiernos de Tucumán, de Santiago del Estero y ombudsman de la provincia.

El planteo de Santiago

Cabe señalar que entre los diversos temas expuestos en el plenario, desde la Defensoría de Santiago se trató a fondo la problemática de la cuenca Salí-Dulce

El vicepresidente de Adpra y el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, acompañado por el secretario general, Lionel E. Suárez, al informar de las nuevas circunstancias por las que atraviesa la lucha contra la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, donde recientes acontecimientos técnicos-estratégicos-legales precipitaron un entendimiento desde lo político a lo institucional, se presume que con el esfuerzo de los industriales tucumanos se podrá alcanzar una solución y lograr la meta de “vinaza cero”.

En su alocución, Díaz Achával relató que 15 años de trabajo, incluso con importantes presentaciones ante Adpra, donde se advertía que “toda industria que no opere de manera sustentable debe cerrar y, caso contrario, se recurrirá a la CSJ, hoy es un hecho”.

Asimismo, avalan las acciones de la Defensoría del Pueblo que, ante reiteradas escenas de mortandad de peces en el embalse de Río Hondo, en setiembre de 2010, tomó la firme determinación de plantear un “amparo ambiental” ante la Corte Suprema de Justicia, al margen de la acción penal.

Recordó también que “para este año, la producción de alcohol o bioetanol, es decir la proyección comercial, es alcanzar los 240.000 millones de litros que se traducen en 3.500 millones de litros de vinaza, cuya disposición final hay que establecer”, acotó el funcionario.

Díaz Achával destacó la competencia de la Corte

A tono con el importante avance que tuvieron los reclamos de parte de la provincia, Díaz Achával agregó que el cariz de los nuevos acontecimientos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación motorizó el interés de la Secretaría de Ambiente que, con el gobierno de Tucumán y luego con la intervención del de Santiago del Estero, con la participación de la Defensoría del Pueblo de la provincia, motorizaron un convenio que se suscribieron el 30 diciembre pasado.

Por ello, los gobernadores José Alperovich y Gerardo Zamora, de Tucumán y Santiago del Estero, respectivamente, más la Secretaría de Ambiente y siendo parte del amparo ambiental la Defensoría del Pueblo de la provincia suscribieron el acuerdo por el cual, expresamente, el gobierno tucumano se comprometió con la industria azucarera, productora de bioetanol, a no arrojar vinaza en la cuenca.

Compromiso

Previo a la explicación del acuerdo, Díaz Achával indicó que la Legislatura de Tucumán tuvo que sancionar una ley, la cual autorizó al Poder Ejecutivo a suscribir el aludido convenio por el cual delegó a la Nación facultades de contralor de la actividad industrial, con facultades para el seguimiento directo, control y la sanción que incluye el cierre o clausura de aquel ingenio tucumano que contaminara, desaprensivamente, el recurso natural.

Manifestó que el nuevo cuadro de situación permitió elaborar estrategias de seguimiento y control a ingenios (7 destilerías, antes 10), de manera directa e indistinta, entre la Secretaría de Ambiente y el personal de la Defensoría del Pueblo, con el acompañamiento valioso de organizaciones civiles ambientalistas para realizar un conjunto de contralor ante posibles vuelcos de vinaza.

Por último, el funcionario santiagueño valoró que, en menos de un año, se logró en este conflicto ambiental la competencia de la Corte Suprema de la Nación en un tema que para el alto tribunal es de orden público y donde la provincia de Santiago del Estero, más allá de los convenios que hubiere suscripto, no cedió ni renunció a la prosecución de la causa.