Estas y otras denuncias fueron formalizadas durante la semana antes de que se llevase el Congreso Provincial en Rio Gallegos, justo frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Cruz.

“Apuntamos no sólo al reclamo de paritarias y de sus subcomisiones, sino también, a un racconto de lo que acontece en las distintas localidades, y cuestiones generales del sistema educativo” declaró Pedro Muñoz.

Del mismo modo puso en el tapete de la discusión otros temas como “la intermitencia del pago de los fondos fijos a los distintos establecimientos, las dificultades de la Zona Norte con el agua que obliga a la suspensión de clases en Caleta Olivia, con la gravedad que agrega, en el caso de Las Heras, la denuncia de la Cámara de Comercio por la calidad del agua”.

Tal cual mencionó a Crónica el dirigente gremial de la Adosac Pedro Muñoz, la intención de tanto reclamo es que de una vez el gobierno apruebe sentarse en una mesa de discusión o sea abrir las paritarias, y el pago de los días retroactivo a marzo, abril y mayo que hasta la fecha no fueron abonados.

“Es el gobierno el que no cumple las leyes, el mismo decretó el aumento y hasta ahora nos debe el retroactivo a marzo, abril y mayo. Del mismo modo se comportó ilegalmente cuando es un derecho que nos convoque a paritarias” mencionó.

Frente a Casa de Gobierno, Muñoz mencionó de qué se tratan esta serie de denuncias que según él “ya son de público conocimiento y realizadas en el CPE” las mismas hablarían de la designación de funcionarios municipales que siguen trabajando dentro del sistema educativo, cuando están inhabilitados por ley a hacerlo, con casos concretos en Piedra Buena y Pico Truncado, en este último caso, tratándose de la hermana del candidato a vicegobernador Fernando Cotillo, que está relevada de algunos cargos, pero a su vez percibe otros como coordinadora de los Colegios Abiertos”.

Muñoz añadió a todo esto la denuncia penal que formalizaron el miércoles los vocales por la docencia privada Eduardo James y oficial Javier Martinicorena, al presidente del CPE Roberto Borselli.

La denuncia contra el titular de área es por la presunta comisión de delitos de Abuso de Autoridad en Concurso Real con Nombramiento ilegal de Cargo Público (Arts. 248, 55 y 253 del Código Penal) y/o la calificación jurídica que el Fiscal estime adecuada al caso.

Asimismo, los vocales denunciaron a Marcela Sibral por la presunta comisión de delito de Aceptación ilegal de Cargo Público (Art. 253 del Código Penal) y a Paulino Javier Freije Fernández por la presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública (Art. 174 inc. 5° del Código Penal).

El motivo de la denuncia a Sibral radica en que la misma habría sido designada como Secretaria del Centro Educativo de Formación y Actualización profesional de la localidad de Río Turbio, violando en el nombramiento el Artículo 5° del Acuerdo 146/08 que establece que para la cobertura de cargos del citado Centro se utilizarán los listados vigentes de la Junta de Clasificación de Educación Secundaria para la Escuela Industrial N° 5.

Según indicaron desde el gremio docente, Sibral no tiene legajo en Junta de Clasificación y no figura en los listados mencionados, violando además los Acuerdos 523/05 y 602/07 y la Ley 14.473 del Estatuto del Docente. Esta situación se agrava además por el hecho que la nombrada no presta servicios en el aludido Centro, no reside en la localidad de Río Turbio (estaría residiendo en Río Gallegos) y estaría indebidamente percibiendo en sus haberes la bonificación por zona muy desfavorable (180 %).

En el caso de Freije, quien se desempeñó hasta el 10 de diciembre de 2007 como Vice-presidente del Consejo Provincial de Educación, percibiría sus haberes en la Escuela N° 39 de la ciudad de Río Gallegos, sin que haya concurrido a ese establecimiento a trabajar, desde enero del 2008 hasta la fecha. El mismo residiría en la Ciudad de Buenos Aires.

De este modo declararon finalmente “que acciones como estas profundizan el estado de crisis del sistema y de falta de control del presupuesto educativo”, no sin antes señalar que este tipo de medidas “provocan un profundo malestar en el sector, dada la innegable cobertura que le brinda el C.P.E. a estas irregularidades”.