En la mañana de ayer se celebró en la sede de los tribunales penales ordinarios de Comodoro Rivadavia la audiencia de constitución de querellante por el hecho ocurrido el 8 de febrero de este año que tiene como imputados a Rubén Crespo, Néstor Vázquez, Carlos Fabián Vargas, Leonardo Sotomayor y Marcelo Gringil, algunos de los integrantes de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) que ingresaron al municipio provocando daños luego de una manifestación.

Al concluir la audiencia, el juez penal Mariano Nicosia admitió la constitución de querellante de Oscar Herrera, en representación del municipio. En la audiencia también estuvo presente el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Cecilia Codina, en tanto que la defensa de los imputados fue ejercida por Fabio Cambareri, abogado particular.

Según informaron fuentes oficiales, Herrera, en su carácter de apoderado del municipio de Comodoro Rivadavia, solicitó ser tenido en cuenta como parte querellante en el legajo ya que posee un poder especial otorgado por el intendente como asesor letrado del municipio, y éste ha sido damnificado.

Herrera se refirió a aquel día en que integrantes de la Unión Obrera de la Construcción realizaron un acto en la puerta del municipio, rompiendo la puerta que da a la calle Moreno e ingresando para provocar destrozos en el mobiliario.

Seguidamente la fiscal general adujo que debe tenerse como parte querellante a Herrera ya que reúne los requisitos establecido en el Código Procesal Penal. Por su parte el defensor no se opuso al requerimiento acusatorio.

Finalmente el juez penal coincidió en que se “ha verificado la legitimación activa para la presentación de la querella y se ha dado cumplimiento a lo establecido” en el Código de Procedimiento.

Se debe recordar que el hecho tuvo lugar el miércoles 8 de febrero, cuando centenares de afiliados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) ingresaron en forma violenta al palacio municipal y destrozaron todo lo que encontraron a su alcance. Incluso le robaron la cartera a una empleada de seguridad que fue despojada de 1.800 pesos, tarjetas de crédito y débito, además de documentación personal de su grupo familiar.

En esa oportunidad, los integrantes de ese gremio de la construcción mantenían un conflicto laboral con la empresa YPF, el cual se encontraba en un punto neutro por falta de las respuestas que exigían.

Ese día, ni bien comenzó la atención al público en la Municipalidad, los manifestantes llegaron al edificio público, donde provocaron un incidente de extremada magnitud y prácticamente sin precedentes en la historia de la ciudad.