El juez federal Julio Leonardo Bavio rechazó la competencia de ese fuero en la demanda penal presentada contra organismos provinciales y municipales por la contaminación de ríos con efluentes cloacales no tratados. Así, devolvió la causa a la Justicia provincial .

La causa se inició a comienzos de año tras una presentación de Carlos Quevedo, un usuario que pidió investigar responsabilidades penales por daños al ambiente y la salud pública. En el expediente están imputados funcionarios de la compañía estatal que factura el servicio de colecta y tratamiento de líquidos cloacales (Aguas del Norte); el organismo que debe controlar sus prestaciones (Ente Regulador de los Servicios Públicos); el Ministerio de Ambiente y el propio Ejecutivo provincial.

La causa fue remitida a la Justicia Federal por la jueza Correccional y de Garantías de Sexta Nominación, María del Milagro López, “tras un fallido intento de declarar su incompetencia a favor de la justicia criminal ordinaria”. Así lo advirtió Bavio, quien reprochó también las intervenciones del fiscal correccional 6, Facundo Ruiz de los Llanos, y la fiscal penal 2, Ema Puente, en una causa que pareciera quemar como una brasa ardiente en las dependencias que dirige el procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals.

Es que, como observó Bavio, en el fuero ordinario de Salta todas las actuaciones se enderezaron hacia una “prematura” declinación de competencia sin que hubiera “una investigación previa y real que permita corroborar el hecho puesto de manifiesto”, que es la contaminación de los ríos con efluentes cloacales no tratados.

Entre los fundamentos de la resolución por la que devolvió las actuaciones a la Justicia correccional, Bavio dejó traslucir cuestionables pasos procesales como el hecho de que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) haya requerido los informes sobre el volcado de efluentes y la calidad de las aguas al Ente Regulador (Enresp), organismo denunciado junto a Aguas del Norte.

De todos modos, y como hecho paradojal, el juez Bavio resaltó que “investigadores especializados del CIF -con base en el informe del Enresp- cotejaron los valores de contaminación informados con las normativas locales y concluyeron que, en muchos de los puntos donde se obtuvieron muestras, los coliformes fecales superaban los límites normativos”. O sea que se reconoció la contaminación denunciada en la causa penal que pasa de mano en mano sin investigarse. En su resolución Bavio invitó a la Justicia ordinaria a elevar los testimonios a la Corte Suprema para que dirima las acciones. “Si tenemos que ir a la Corte, allá iremos, para que haya justicia”, sostuvo ayer Quevedo.