La inclusión, por parte del gobierno, de centenares de personas al listado oficial de víctimas del Terrorismo de Estado genera sospechas judiciales, no sólo por quiénes fueron incorporados, sino también por las compensaciones económicas que habrían recibido sus familiares.
Lo mismo sucedería si intentara conseguir el dato exacto de cuántos otros están habilitados para cobrar, si es que aún no lo hicieron. Y llegaría a un tercer tropiezo dentro de su curiosidad si la búsqueda se concentrara en determinar con precisión los montos económicos asignados, las fechas y formas de pago establecidas por la normativa oficial aprobada por el Congreso en 1995.
En todos los casos, el silencio funciona como única respuesta del organismo comandado por Eduardo Luis Duhalde.
El problema es que, en los últimos años, el tratamiento de todo aquello relacionado con quienes son considerados como víctimas de desaparición forzosa o ejecución sumaria durante el período marzo de 1976-diciembre de 1983 se ha transformado en algo más que una política de Estado.
Podría decirse, en rigor, que el gobierno decidió apropiarse virtualmente de esa información histórica para un uso discrecional.
El dato
1.800
millones de dólares es el monto, aproximado, que pagó el Estado hasta el momento a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.
Lo que sucede con las personas que integran los listados oficiales de víctimas es un ejemplo concreto de esta forma de administrar la memoria a conveniencia: entre la nómina confeccionada en 1984 por la investigación de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (Conadep) y el nuevo registro publicado en 2006, a pedido del entonces presidente Néstor Kirchner, pueden descubrirse cientos de incorporaciones, sumadas en nombre de una supuesta reivindicación de aquellos excluidos por la "Teoría de los dos demonios".
Entre los nombres agregados hace cinco años figuran Luis Bocco, María Teresa Cerviño, Ana María Teresa Drago, Fernando Haymal, María Cristina Lucchesi, Carlos Pablo Molinas, Jean-Henri Raya Ribard, Jorge Riganti, Guillermo Rodríguez, Carlos Roth y Carlos Alberto Tuda, sólo por mencionar algunos, cuyas trayectorias dentro de las organizaciones guerrilleras tuvieron finales bastante diferentes a los que establece la ley como condición para acceder a las indemnizaciones por reparación.
También se sospecha la inclusión de quienes atacaron unidades militares durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, con nombres como los Daniel Barbate, Hugo Colautti, Eduardo Delfino y Enrique Tauil, muchos de ellos considerados como combatientes "por los ideales de justicia y equidad", tal como aparecen calificados en las placas del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado que se encuentra en la porteña Costanera Norte.
Parece que ahora, para el kirchnerismo, el tercer gobierno peronista no fue un ciclo democrático, al punto de premiar a quienes lo desafiaron con atentados terroristas en Azul, Villa María, Formosa y Monte Chingolo entre 1974 y 1975.
Sobre este punto deberá responder, antes del miércoles próximo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, por pedido del juez Esteban Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, según consignó una investigación del diario "La Nación", publicada a lo largo de la última semana.
Los signos de interrogación se acumulan sobre la mesa: ¿los familiares de estas personas están habilitadas para cobrar indemnización? ¿Cuál sería el argumento para justificar el pago? ¿Debe ser reconocido el ataque a un gobierno democrático?, e incluso una pregunta aun más elemental: ¿qué se entiende por democracia?
No sólo la Justicia tiene preguntas. También hay un grupo de legisladores de la oposición --Federico Pinedo (Pro), Gustavo Ferrari (PJ Federal), Norma Morandini (Frente Cívico) y Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), entre otros-- que ya expresaron su inquietud y deslizaron que la trasladarán al recinto de sesiones.
Es un hecho que todos los funcionarios cuestionados responderán a todos los cuestionamientos mediante la invocación de la ley 24.564 de 2009, que llevó el punto de partida de los beneficios reparatorios hasta el 16 de junio de 1955, fecha del trágico bombardeo sobre la Plaza de Mayo, en pleno segundo gobierno de Perón.
El problema, claro, no son las fechas, sino el contexto de la historia. Allí se señala específicamente que los únicos autorizados a percibir indemnización son los familiares o herederos de aquellas personas desaparecidas o asesinadas por "el accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier grupo paramilitar" en un tiempo de terrorismo estatal.
¿Deben entrar en esa categoría quienes intentaron desestabilizar al gobierno legal, como Barbate o Tauil? ¿O los que decidieron suicidarse, antes de ser detenidos por las fuerzas de seguridad, como en los casos de Drago y Lucchesi? ¿Qué pasa con aquellos, como Haymal y Roth, que fueron ejecutados por sus propios compañeros de Montoneros por ser considerados traidores? ¿Por qué hoy ambos figuran como víctimas de "ejecución sumaria" y "desaparición forzada", respectivamente? ¿Y cómo debe interpretarse el final de Riganti, qué murió al estallarle la bomba que transportaba para un atentado?
Sin reparar en estas, u otras, preguntas incómodas, el Gobierno los incorporó al régimen de compensaciones económicas con la misma discreción y convicción con la que suele ofrecer regalos en tiempos electorales.
Por los fragmentos de información recolectada a lo largo del tiempo, se sabe que cada beneficiario habría recibido un promedio de 220 mil dólares. Si este número se multiplica por los nuevos casos contabilizados, la cifra trepa hasta superar los 82 millones de dólares. La cifra asombra, casi tanto como la falta de controles.
Pese a los pedidos de aclaración de varios sectores políticos y legislativos, el organismo dirigido por Duhalde aseguró que "no hará declaraciones ni comentarios sobre el tema", un tipo de respuesta habitual en el kirchnerismo.
Sin embargo, esta vez hay una cuestión moral de fondo que debe obligarlos a brindar todas las respuestas que están pendientes desde hace años. Si este gobierno se jacta de ser el que más luces arrojó sobre aquellos años sombríos, ahora no podrá hacer una excepción para esta situación particularmente oscura.
También será una oportunidad inmejorable para conocer los motivos para la falta de reconocimiento a las víctimas del accionar guerrillero. ¿O acaso no todos los muertos cotizan por igual?
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