El juez de la Suprema Corte mendocina Mario Adaro vuelve al ruedo mediático. En una entrevista publicada en un diario porteño afín al kirchnerismo y luego ratificado ante Los Andes, señaló que los jueces deberían someterse a un examen psicofísico, como cualquier otro trabajador argentino.

Claro que ante la consulta de este diario dijo que es "injusto" tener que someter a un juez a un Jury de Enjuiciamiento por problemas que "puede tener cualquier ser humano", por lo que lanzó otra perlita: crear un régimen especial jubilatorio para magistrados que vean sus capacidades físicas o mentales alteradas.

"Es una barbaridad que el único modo para remover a un juez sea el Jury", exclamó Adaro, dando a entender que el instrumento previsto en la Constitución tiene una connotación de castigo, que no puede aplicarse a todos los casos.

Pero más allá de esta salida de emergencia para estos casos, el flamante integrante de la Suprema Corte insiste en que los jueces deberían tener un preocupacional y recuerda que promediando el mes de mayo de 2009 el Ejecutivo (del que entonces formaba parte) había remitido a la Legislatura una batería de proyectos referidos al Poder Judicial, "de los que fui corredactor", por lo que aún sostiene la necesidad de discutirlos.

La pelea

Esas iniciativas vieron la luz en uno de los tantos enfrentamientos del Gobierno de Celso Jaque con la Justicia. En aquel momento, entre otras medidas que se impulsaban desde Casa de Gobierno para que los jueces mendocinos cumplieran, se incluía un examen de actualización cada siete años, la evaluación de desempeño cada cinco años y el chequeo psicofísico. "Hoy no sé si cabe la revalidación, pero el psicofísico sí y no soy el único que lo dice", asegura.

"Yo no puedo impulsarlos" dice el que hasta hace poco fuera ministro de Gobierno. Esos proyectos duermen en la Legislatura desde mayo del 2009, sin que hubiera avances significativos, apenas algunas consultas formales a la Asociación de Magistrados.

Desempeño y aptitud

En aquellos días, el Ejecutivo (por lo tanto Adaro también) sostenían la necesidad de evaluar periódicamente el desempeño de los magistrados y su aptitud psicofísica. También pretendían que el ítem por antigüedad que se paga a los jueces sólo se computara hasta los 60 años, porque entendían que no implicaba más eficiencia en la prestación del servicio de Justicia, sino que sólo se lograba acumular años en relación de dependencia con el Estado.

La otra iniciativa remitida por aquel entonces a la Legislatura se refería a cortar el beneficio de la feria judicial de julio a aquellos tribunales que no exhibieran una buena productividad. Hoy, Adaro vuelve a la carga, pero más liviano. Se aferra al psicofísico y a la posibilidad de jubilar a esos magistrados maltratados en el cuerpo y/o en la psiquis.

Desde el Colegio de Abogados, su vicepresidente Manuel Linares dijo que ese organismo no tiene una posición tomada al respecto. El jurista solo se permitió recordar que hay un mecanismo de remoción previsto en la Constitución que empieza a funcionar ante denuncias concretas, refiriéndose al Jury. Desde la Asociación de Magistrados no hubo opinión oficial acerca de los conceptos de Adaro.