Sin embargo, el ex funcionario justicialista señaló que, si no hubiera modificaciones a ese nivel (por ley nacional), no deben existir diferencias entre los jueces y los trabajadores y todos tienen que pagar el tributo.

Medida nacional. Adaro aclaró a este diario que entre los jueces de Mendoza no puede abrirse un debate sobre el impuesto que afecta a todos los asalariados del país que ganan sueldos medios y altos.

Es que Ganancias es un tributo nacional, con lo cual, si la Corte Nacional o una ley del Congreso lo aplicara a los magistrados, los jueces de Mendoza sufrirían automáticamente el descuento.

No obstante, los antecedentes marcan que los jueces mendocinos han sido hasta aquí tenaces defensores de la intangibilidad de sus salarios.

Así fue que libraron una verdadera guerra con los dos últimos gobiernos radicales para sostener la actualización automática de sus salarios, un privilegio que sólo pudo ser eliminado gracias a la reforma de un artículo de la Constitución durante la gestión de Julio Cobos.

El último foco de conflicto es más cercano en el tiempo. Fue la resistencia de un grupo menor de magistrados a aportar cinco por ciento de sus haberes a la Obras Social de los Empleados Públicos (OSEP). El descuento, establecido por ley (8373), fijaba que los aportes irían a parar a un fondo para prestaciones a personas discapacitadas.

En ese caso, el grupo liderado por el juez de cámara Rafael Escot, se resistió al descuento en defensa de su derecho a la intangibilidad salarial y porque consideraba que el aporte le iba a impedir ser imparcial como juez en causas vinculadas a la obra social.

No obstante, en este caso, hasta la propia Asociación de Magistrados estuvo a favor de que los jueces locales recibieran el descuento para ayudar con esa plata a los discapacitados.

La Corte Nacional, a favor. Declaraciones radiales del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, abrieron la puerta a la posibilidad de que los jueces de todo el país paguen Ganancias.

El jefe del alto tribunal afirmó que son mayoría los ministros de la Corte los que quieren pagar el tributo. Sin embargo, a la vez, explicó que su instrumentación sería complicada si no se sanciona una ley.

Justamente hay una especulación fuerte en este sentido. Se dice que el Gobierno Nacional está a punto de enviar al Congreso un proyecto que, además de recortar las jubilaciones de privilegio, haría que los magistrados paguen el impuesto a las Ganancias.

En este punto es donde aparece el aporte conceptual de un ministro de la Corte mendocina que en el pasado, como subsecretario de Trabajo, tuvo a su cargo la relación entre las patronales y los trabajadores.

Adaro afirmó al respecto que los trabajadores no deberían pagar ganancias pues en ese rubro ya hay un tributo de las empresas donde se desempeñan. En cambio, sí consideró viable el pago por parte de los empleados de un "diferencial para la seguridad social", aunque para ello la modificación del sistema tributario debería ser amplia.