La Justicia Penal recibió el martes una denuncia que apunta a funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente por los presuntos delitos de violación de la propiedad privada y abuso de autoridad. La presentación la hizo el ciudadano Raúl Ariza, uno de los dueños de un terreno que el Estado provincial dispuso expropiar en Caucete para construir una planta de tratamiento de residuos. La acusación se debe a que personal del organismo ingresó al inmueble sin permiso, para limpiar el basural que hay. El director de Residuos Sólidos Urbanos, Víctor Más, aseguró que una ley les permite actuar en caso de desastre ecológico, aunque advirtió que “a lo mejor hubiera sido más prudente informar a los propietarios del tema”.

Ariza, que vive en Córdoba, habló ayer por Radio Colón. Se quejó porque “han entrado y han atropellado” y consideró que la ley no autoriza a Medio Ambiente a ingresar sin autorización a una propiedad privada. Además, aseguró que han incurrido en “abuso de poder... tienen que, por lo menos, avisarnos”.

El terreno en cuestión, que tiene 51 hectáreas y está en la zona conocida como Las Talas , funciona como un vertedero de basura desde hace años y por ley fue declarado de utilidad pública como primer paso para expropiarlo y levantar allí la planta. Pero hasta ahora, según el abogado de Ariza, Eduardo Marún, la provincia no puede hacer nada en el inmueble porque no ha tomado posesión, medida que dicta el juez una vez que el Estado deposita a favor de los propietarios el dinero que estima que cuesta el mismo.

Ante la acusación, Más le dijo a DIARIO DE CUYO que entraron al terreno facultados por la Ley 8238, que en el artículo 10 dice que Medio Ambiente está habilitado a “efectuar el saneamiento de grandes basurales” y a “promover operativos de clausura, limpieza y control”. Según el funcionario, ejecutaron la medida no porque el terreno haya sido expropiado, sino porque detectaron un “desastre ecológico total” y por una cuestión de bien común, ya que en el basural hay niños, embarazadas y ancianos cirujeando, buscando comida”. De todas formas, reconoció que podrían haber notificado a los dueños.

Según Marún, en la denuncia piden que la Justicia determine a quién le cae la responsabilidad de los presuntos delitos: si a Raúl Tello, que es la máxima autoridad de Medio Ambiente, a Más o a otros profesionales de apellido Daroni, Sánchez y Mercado. Los posibles delitos que endilga Ariza son excarcelables, por lo que si hay condenados no irían a prisión.

La causa está en manos de la fiscal Perla Ramos, que ahora debe analizar los hechos para decidir si pide que se instruya una investigación o si, por el contrario, considera que no hay delito y solicita que todo pase a archivo.