La propuesta de “estatizar” el juego fue dada a conocer por el diputado bonaerense Mario Caputo, del Frente Para la Victoria, como respuesta a la prórroga por 15 años que el gobernador Daniel Scioli acaba de brindar a las licencias de los bingos que expiran entre 2013 y 2015.

En efecto, el artículo 37 de la Constitución bonaerense establece que “La Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse” con lo cual parece, al menos a primera vista, redundante la propuesta.

Así lo consideró el diputado Mauricio D’Alessandro, de Unión Celeste y Blanco, quien salió a repudiar la jugada y cruzar con fiereza al ministro del Interior, Florencio Randazzo, con quien se alinea Caputo, al ironizar acerca de que justamente ese funcionario es “oriundo de Chivilcoy y conoce cada rincón del bingo de esa ciudad que justamente acaba de renovar su licencia. Más aun, Randazzo esta fuertemente vinculado al club Independiente de esa ciudad que es la entidad de bien publico que explota el bingo”.

D’Alessandro consideró que “en la desesperación por ahogar a Scioli, ahora van por ‘la caja’ del juego sin siquiera tomarse el trabajo de leer la Constitución” y denunció que “detrás de la supuesta estatización se esconde un nuevo negocio”. El diputado denarvaísta explicó que el sentido de una expropiación sería “justificar la salida elegante con compra incluida de las 46 salas de la provincia”.

“Esperaron a que se prorrogaran las licencias para justificar una expropiación millonaria y seguros juicios que redundaran en mas impuestazos para pagar los platos rotos”, denunció.

Fuentes cercanas a Caputo explicaron que, lejos de desconocer el marco normativo actual, le reconocen algunos “baches” legales que permiten la situación actual. En ese contexto, analizaron, la idea es “dar un marco normativo integral” para dar cuenta de “toda la normativa suelta” que hay en torno a la actividad.

“Es indispensable poner en revisión todo el sistema para, desde la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, dotar al Estado provincial de un instrumento legal que le posibilite aprovechar al máximo de sus posibilidades los recursos que se generan por los juegos de azar”, difundió el propio Caputo a través de un comunicado en el que blanqueó su iniciativa.