En este sentido, el Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos (CePaDeHu), manifestó su "preocupación por la situación de activistas sociales y políticos, periodistas, religiosos, organismos de derechos humanos y vecinos que viven y/o desarrollan sus actividades en Merlo".

Por estas razones, sumadas a la suspensión del concejal Horacio Cepeda, electo por Libres del Sur, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación se reunió el 22 de abril en territorio merlense, en la sede local de Cáritas, con el fin de recepcionar formalmente dichas acusaciones, escuchar a varios de los denunciantes e incluso plantear la posibilidad de constituir una comisión parlamentaria que investigue el accionar de Othacehé al frente de ese municipio durante las últimas décadas. En total, son unos 300 los hechos que involucran a ése y otros intendentes de la región.

Sistema mafioso

En efecto, Othacehé no es el único jefe comunal pejotista del oeste cuestionado por opositores y legisladores nacionales. En la volteada cayeron otros dos: Luis Acuña y Alberto Descalzo. Para la diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur), titular de la Comisión de Derechos Humanos que por primera vez sesionó fuera del ámbito legislativo nacional, el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, es "un personaje siniestro de la política criolla" que "se mueve bajo un sistema mafioso que funciona en red con sus pares de Hurlingham, Luis Acuña, y de Ituzaingó, Alberto Descalzo". En declaraciones a diferentes medios, Donda indicó sobre esos intendentes que "cuando se quieren sacar a alguien de encima comienzan a perseguirlo, a presionarlo, le inician causas judiciales, hasta tal punto que esa persona o ese grupo se tiene que ir o esconder", tras lo cual la legisladora se preguntó: "¿Quién detendrá de una vez por todas estas prácticas habituales del poder político de Merlo que ya se cobró vidas humanas, cárcel a opositores, golpes y campañas de desprestigio, proscripciones, persecuciones y fraudes?"

Para la legisladora, los tres intendentes "tienen contactos con la Justicia de Morón, que es la que recepciona la mayoría de los casos, y con la policía local". En efecto, existen fuertes sospechas sobre la ascendencia de los barones del PJ sobre algunos jueces del ámbito moronense. De hecho, las versiones apuntan a un alto funcionario de la Municipalidad de Hurlingham, cuya esposa trabaja en un puesto de relevancia en los Tribunales de Morón y sería la encargada de derivar las causas que inician los jefes comunales hacia los juzgados adeptos, de manera de acelerar la resolución de las mismas con dictamen favorable a los intendentes, aún en las denuncias más arbitrarias.

Según varios observadores, el estrecho vínculo entre los intendentes de la región –particularmente Othacehé y Acuña–, la justicia local y los principales jefes policiales, viene de la época en la que el ex senador provincial Horacio Román se había enfeudado en la Comisión de Seguridad de la cámara alta bonaerense y era él quien digitaba las principales designaciones en los estrados judiciales e incluso en los puestos relevantes en la Bonaerense.

Campañas difamatorias

En el informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos tras sesionar en Merlo, se hace especial hincapié en las campañas anónimas de difamación que sufren tanto sectores políticos de la oposición –como el suspendido concejal Cepeda, entre muchos otros– como organizaciones no gubernamentales y referentes barriales, incluso la iglesia católica. Para los diputados, "la mayoría de las campañas difamatorias comienzan con volanteadas anónimas donde se pretende desprestigiar a la persona en el seno mismo de la comunidad; luego se la amenaza de muerte y, también, se obstruye su fuente de ingresos. En muchos casos se le arman causas judiciales, se la encarcela y se demoran los procesos".

Además de Cepeda, que fue amenazado reiteradamente antes de ser suspendido, mientras volanteaban anónimamente su barrio acusándolo de "ladrón", los últimos que en Merlo sufrieron ese tipo de campañas fueron los sacerdotes Raúl Vila, de la parroquia Parque San Martín, y Miguel Velo, de Pontevedra; los periodistas Marisol Vázquez y José Luis Romano; Alfredo Nuin, secretario general del Partido Socialista Auténtico, a quien también le clausuraron su librería en medio de un desproporcionado operativo policial; la abogada Rosana Matarolo, que sufrió varios allanamientos de su vivienda y de su estudio e innumerables robos; el dirigente local del PO José María Escobar, a quien se involucró directamente en los hechos que derivaron en la destrucción de varios vagones del FC Sarmiento por parte de los usuarios. También los trabajadores municipales de la salud, los choferes y delegados de la ex Transportes del Oeste (Ecotrans), etc.

Entre las denuncias formuladas a la Comisión de diputados, el sacerdote Miguel Velo indicó que "en 2008 la Diócesis de Merlo alertó sobre las amenazas anónimas sobre personas que no eran oficialistas", al tiempo que Alfredo Nuin, del PSA, señaló que en el feudo de Othacehé "se utiliza la coerción desde la intendencia, hasta la violencia representada por matones. No se aceptan otras voces; son autoritarios y persiguen a los opositores".

Causas armadas

El caso del abogado Walter Brizzio, ex militante justicialista ligado ahora a la Coalición Cívica, es paradigmático en lo que hace a persecución judicial de opositores. En 2005, Brizzio se convirtió en representante legal de la entonces concejal hurlinguense Esther Barrionuevo –que hoy ocupa una banca en el Senado bonaerense–, luego de la escandalosa sesión en la que asumieron los ediles electos ese año, cuando Barrionuevo había encabezado la lista local del kirchnerismo frente a la patrocinada por Acuña, que llevaba como candidata a Chiche Duhalde.

En aquella oportunidad y en medio de fuertes versiones que indicaban la cooptación de Miguel Ángel Braciaventi –tercero en la lista de Barrionuevo– por parte del acuñismo, lo que finalmente ocurrió y le permitió al oficialismo conservar la mayoría en el ámbito del Concejo, una patota ingresó al recinto legislativo minutos antes de iniciarse la sesión y golpeó al concejal barrionuevista y ex esposo de Esther, José Palacios, y al hijo de ambos, quienes debieron ser hospitalizados.

Barrionuevo, patrocinada por Brizzio, inició una causa judicial que "nunca se investigó", indicó el abogado, a quien le hicieron pagar cara su intervención. "Llegado un momento tuve toda una serie de aprietes, amenazas, robo con martillada de pistola; hasta que llegaron al punto que reflotaron un litigio de hace tres años, con una vecina, por una medianera, y le hicieron declarar que yo la había amenazado con un arma. Pero resulta que el marido de la denunciante es quien hace pintadas para Acuña", aseguró Brizzio. Tras el proceso del que derivó la causa "plantada", el abogado debió pasar tres meses encarcelado en la comisaría de Villa Tesei y otros seis con prisión domiciliaria, hasta que fue definitivamente absuelto por falta de mérito.