Representantes de comunidades indígenas acusan al presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño por intentar “atornillarse a un cargo, entregando recursos para salud, vivienda y tierra” de sus representados.
El escrito lleva la firma de referentes provinciales entre los que se encuentran Zenón Cuellar, Juan Silvio Cáceres, Daniel Roja, Rubén Lalesori, Fidelino Flores, zoilo Zenón, entre otros.
Los dirigentes le recuerdan que las pautas del programa para pueblos originarios “no deben ser traicionadas por ambiciones personales” y alertan que luego de la visita presidencial del 25 de mayo hubo “un cambio de actitud” en el presidente del Idach.
Para el sector, el máximo referente se aleja de los pactos entre la comunidad indígena y el Instituto. “No sabemos en qué consisten las negociaciones de Charole pero si intentan torcer el camino apelaremos a situaciones extremas”, afirmaron. “Nuestras necesidades se profundizan ante la insensibilidad de un dirigente que hace la vista gorda a la realidad de nuestro pueblo”, sostienen sin embargo agregan que el objetivo de las comunidades originarias no puede “ser truncado por ninguna apetencia personal, fruto de la traición y acomodo político personal; el reclamo por una mejor calidad de vida indígena no desaparece con su traición”.
Demandas incumplidas
En orden cronológico el sector enumeró los planteos que denunció públicamente este año. Recuerdan por ejemplo que en enero reclamaban a su líder proteger el territorio donde viven las comunidades originarias, denunciando el tráfico de droga en zonas limítrofes con Salta y Formosa, así como apoyar proyectos presentados por el diputado Egidio García.
Otra de las preocupaciones denunciadas en febrero de este año involucra la entrega de dinero adeudado a organizaciones comunitarias y que el gobierno transfiere a través del Idach.
La venta ilegal de tierras fiscales, la tala del monte nativo y reactivar la mensura de terrenos rurales fueron otras de las inquietudes expuestas en marzo por los dirigentes. La situación involucraba a pobladores de Miraflores, San Bernardo, Castelli y en el cruce de rutas 90 y 11. También pedían se investiguen apremios ilegales cometidos por policías contra indígenas.
Un mes después pidieron que el Instituto atienda los casos de desalojos de pobladores históricos de tierras rurales.
Por último exigieron a Charole cumplir con su palabra “para hacer cumplir los acuerdos con la Nación y que la cartera de Gobierno prometió realizar con planes asistidos por los gobiernos provincial y nacional (mayo pasado).

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