La actual conformación de la Legislatura se negó a debatir una ley que hubiese permitido el pago más ágil de indemnizaciones a trabajadores despedidos. El proyecto fue presentado por una entidad jurídica y tenía amplia aceptación.
Los legisladores que asumieron sus funciones en diciembre del año pasado recibieron ayer el primer cuestionamiento político serio a su desempeño, por haber enviado al archivo el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral en medio de fuertes sospechas de lobby empresarial y judicial.
La medida, que aún no dio lugar a explicaciones oficiales, había sido admitida el miércoles por el legislador del Frente para la Victoria Juan Carlos Arcando, pero subió de tono en la víspera al conocerse las declaraciones del abogado de Río Grande Francisco Giménez.
El letrado acusó a los parlamentarios de haber cedido ante el lobby realizado por integrantes de cámaras empresarias y por un “operador” de la propia Justicia que no identificó.
La idea de reformar el procedimiento laboral para agilizar los juicios y conseguir, por ejemplo, el pago de indemnizaciones a trabajadores despedidos en plazos más acotados y razonables, había sido elaborada durante dos años por integrantes de la Asociación del Derecho del Trabajo.
El titular de esa entidad hasta hace dos meses, el juez Laboral de Ushuaia Guillermo Penza, había presentado el proyecto el año pasado y había concurrido dos veces a la Legislatura para explicar sus detalles.
La iniciativa tenía el apoyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, de los colegios de abogados de ambas ciudades y hasta de la gobernadora Fabiana Ríos que se entrevistó con Penza para manifestarle que estaba de acuerdo con la reforma, según admitió ayer el propio juez.
Sin embargo, cuando el tema iba a llegar al recinto para su aprobación, a finales de 2011, el bloque justicialista que primero había manifestado su acuerdo se lo retiró y el asunto regresó a comisión.
Ya con la actual conformación legislativa, hace una semana, los legisladores resolvieron pasar el asunto al archivo, sin ningún tipo de fundamentación.
Según denunció Giménez, la razones hay que buscarlas en una mezcla de lobby empresarial (de empresarios y comerciantes que deberían pagar indemnizaciones en un plazo más breve) y judicial.
El “juez empresario”
“Por un lado existió un fuerte lobby de la Cámara de Comercio, del sector empresarial, para que esto no se apruebe. En ese caso se trata de algo legítimo porque más allá de que uno no lo comparta, están defendiendo sus propios intereses. Pero también y fundamentalmente hubo un fuerte lobby de operadores judiciales”, reveló el abogado riograndense ayer.
Aunque no dio nombres porque “no podría demostrarlo”, Giménez habló de una “pelea de egos dentro del Poder Judicial” impulsada por quienes no querían que se aprobara “una ley Penza” a pesar de que “fue este juez honesto y trabajador quien participó en su redacción preocupado por las demoras que registran los expedientes en su propio juzgado”.
El letrado aludió además a un “juez empresario” al que tampoco le convendría la vigencia de la ley, y separó del asunto a “los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que no tienen nada que ver con esto”.
“Cuál fue la razón técnica para que mandaran el proyecto al archivo. Nosotros estamos dispuestos a dar un debate. Pero si no tienen ninguna explicación, queda claro que cedieron al lobby”, afirmó Giménez a la vez que se refirió a los notorios contactos que existen entre el poder político y el judicial.
“La Legislatura tiene dos de sus integrantes en el Consejo de la Magistratura donde se eligen y se remueven jueces. Los lazos entre el poder político y la Justicia están más que claros. La gente común no lo sabe pero uno tiene la obligación de explicarlo de la forma más llana que se pueda”, insistió el abogado.
También dijo que un juicio laboral común demora entre cuatro y cinco años, mientras que con la reforma se podría reducir a seis meses o un año.
“Con la inflación y la baja tasa de interés, una indemnización laboral se licúa en cinco años. El proyecto trataba de evitar eso. Se corría traslado a la patronal y si en cinco días no justificaba el pago de salarios, se dictaba sentencia. Son los legisladores quienes tendrán que explicar por qué perjudicaron de esta forma a los trabajadores”, exhortó el integrante del Colegio de Abogados de Río Grande.
Sin polémica Por su parte el juez Penza también se refirió al tema, y si bien se mostró afligido por la decisión de la Legislatura, evitó polemizar y le reconoció a los parlamentarios plenas facultades para decidir en la materia.
“No lo comparto pero lo acepto. Así como exigimos respeto por las sentencias que dictamos, debemos aceptar las medidas producidas por otro poder. Es una decisión soberana de la Legislatura que no quiero cuestionar ni reprochar”, se cuidó el magistrado.
No obstante, el juez explicó que elaboraron el proyecto “hartos de estar hartos, y con la convicción de involucrarnos en la sociedad para producir transformaciones”.
“Fueron dos años de trabajo para lograr un proyecto que contaba con el consenso amplio de todos los sectores sociales. Fuimos a fundamentarlo a la Legislatura en dos oportunidades, llevando estadísticas sobre ingresos de expedientes y rendimiento del juzgado. Nunca recibimos cuestionamientos sobre el contenido”, detalló el titular del Juzgado Laboral de Ushuaia.
Al respecto, agregó que una vez presentado por mesa de entrada, la totalidad de los bloques políticos hicieron suyo el proyecto, y mencionó que la propia Gobernadora respaldó la iniciativa durante una reunión a la que fueron convocados.
Según Penza, la Justicia Laboral atraviesa una situación “desesperante”. “Yo me siento enfrente de la gente y les veo las caras”, ejemplificó el magistrado.
En relación a que haya existido un lobby dentro del propio Poder Judicial, el juez se limitó a sostener que “no le consta ningún tipo de resistencia interna”, aunque aclaró que “más allá del lobby, la decisión de mandar un proyecto al archivo es de los legisladores”.
“Por este tema terminé el año pasado internado con presión alta. Si tuve que pagar con salud lo hice y estoy orgulloso de eso, pero ahora es una cuestión ajena a nosotros que depende de la Legislatura”, aseveró el magistrado
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