El hecho se precipitó en el marco del relato de una de las víctimas, quien dio detalles de lo sucedido en su casa, lo cual motivó que la Fiscalía ampliara la acusación encuadrando los hechos en el delito de privación ilegal de la libertad con uso de violencia.

El planteo fue acompañado por la querella. La oposición de la defensa no fue avalada por los jueces, el Tribunal le dio diez días al defensor para que aporte nueva prueba en relación a este hecho.

Todo indicaba que se trataría de una nueva jornada extensa de declaraciones testimoniales. Pasaron por la sala víctimas, testigos de actuación ya hasta Leonardo Jarzún, del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, Secretaría de DDHH del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Sin embargo un testimonio lo cambió todo, evidenciando una vez más las particularidades del sistema de enjuiciamiento por audiencias orales y públicas. Como la prueba solo es tal al producirse durante el juicio, recién entonces se dan las declaraciones testimoniales, y estas no siempre se ajustan taxativamente a las entrevistas informales o al texto de las denuncias presentadas al inicio de la investigación.

En este caso, lo que tal vez a la víctima pudiera parecer solo el aporte más detallado de lo que le tocó vivir, produjo un cambio significativo en el curso del debate. Una nueva acusación obliga a dar también una nueva oportunidad de defensa al imputado, que en su momento no pudo presentar pruebas de descargo sobre el delito en cuestión. Y esto es lo que sucedió ahora generando un cuarto intermedio de diez días para la presentación de la prueba por parte de la defensa, con el consecuente viraje de las estrategias de las partes.

Cabe recordar que el lunes pasado comenzó en Esquel el juicio al jefe del GEOP por los resonantes hechos de violencia registrados en la localidad cordillerana de Corcovado. En ese contexto, el alegato de apertura del fiscal Martín Zacchino recordó que en el marco del operativo del GEOP, los propietarios de las viviendas allanadas en búsqueda de Cristian Bustos denunciaron abuso policial. En esta exposición Zacchino sostuvo que el Grupo Especial de Operaciones actuó con “abuso de autoridad, se excedió, se sobrepasaron preceptos judicialmente indicados, se violaron garantías, se lesionaron personas inocentes y se produjeron daños innecesarios”.

Mientras, la querella a cargo de Omar López, de la Defensa Pública, adhirió al alegato fiscal e hizo hincapié en la violencia desplegada por la policía. Para ilustrar lo que a su criterio se expondrá en el juicio, leyó una cita de un libro que analiza el caso Bulacio. En él la autora habla de la violencia desplegada por la policía en los lugares de detención y en las calles, del abuso de autoridad.

Miguel Gómez decidió declarar y responder preguntas, aunque se reservó detalles para exponer más adelante, en la medida en que avance el desarrollo del juicio. Indicó el modo en que está organizada la fuerza especial y cómo es reglamentada su actuación, además de explicar la manera en la que tomó intervención en los hechos de Corcovado y el modo en que se realizó cada uno de los allanamientos.