El secretario Legal de la Municipalidad de Resistencia, Diego Gutiérrez, respondió al concejal Rafael Kadlec que su “denuncia es infundada” porque “hay una ordenanza que autoriza al Ejecutivo a proceder al remate de bienes” y que “en 2011 ya se hizo un informe al Concejo sobre el tema, por lo que si igual hizo la denuncia, esta es falsa y es pasible de ser llevado ante la justicia”.
El funcionario municipal se mostró sorprendido por la denuncia de Kadlec y afirmó que “hay una manifiesta carencia de información del concejal. Debería asesorarse adecuadamente antes de realizar denuncias infundadas”.
“El hecho de ser concejal implica una responsabilidad que supera a la de realizar pirotecnia judicial o ante los organismos de contralor. Debe consustanciarse con las normas que regulan no solo la convivencia en la ciudad, sino también las leyes que rigen los procedimientos administrativos del municipio”, observó Gutiérrez.
Gutiérrez no entiende “por qué cita en su denuncia dos ordenanzas, la primera de 2001, que autoriza al intendente a aceptar la donación de una chacra por parte del Ipduv, y la segunda de 2003, que es justamente la que regula el procedimiento general para las subastas, que debe conocer. Si yo hablara como vecino diría que me molesta que no conozca las normas que dicta el Cuerpo que él mismo integra”.
Explicó que “antes el Concejo autorizaba al intendente a proceder a la venta por resolución aprobada por mayoría simple. Luego del dictado de la Carta Orgánica pasaron a ser exigible los dos tercios de los votos, y el 21 de octubre de 2003 se sancionó una normativa marco, en la cual se autorizó, en lo sucesivo, a proceder al remate de bienes en el futuro”.
“Se equivoca dolosamente el concejal a decir que para cada subasta se requiere una nueva ordenanza. Si fuera así, por otra parte, no podría subastar ni una birome ante la absoluta falta de colaboración de los ediles del justicialismo y fundamentalmente del denunciante”, dijo Gutiérrez.
Concluyó que “la ordenanza no tiene plazo de validez, por lo cual se encuentra vigente, y no cabe duda de que el Ejecutivo está autorizado a subastar bienes. Es una norma abierta, genérica, no refiere a bienes determinados, y el procedimiento es realizar un relevamiento con la Dirección de Bienes Patrimoniales”.
Gutiérrez aseveró que “hace poco, en el corriente año, hemos contestado al Concejo un pedido de informes realizado a instancias del Bloque Justicialista en el cual vertimos estas consideraciones suficientemente explicadas”.
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