De acuerdo a la cédula de requerimiento presentada el 28 de Agosto por el Fiscal, el faltante de los expedientes fue comunicado por el Superior Tribunal de Justicia en un incidente de casación que González inició para refutar la condena de su defendido, razón por la cual solicitó acceso a los expedientes, los cuales les fueron entregados en préstamo por la magistratura pertinente, el 2 de Agosto del corriente año.

De acuerdo al escrito judicial, el letrado se presentó el 15 del mismo mes a devolver los expedientes pero, al parecer, se guardó para sí cinco cuerpos del voluminoso trámite judicial.

Ante esta falta, los funcionarios judiciales informan al STJ del hecho, por lo cual se dispuso una intimación judicial para González, con el objeto que devuelva los cuerpos faltantes.

Narra el escrito también que el abogado se presentó ante la magistratura y señaló que pudieron ser devueltos en otras dependencias del Poder Judicial. Se le concedió un plazo de 24 horas, que no fue cumplido, por lo que el STJ ordenó que se emita una orden de secuestro que incluyó un allanamiento de las oficinas de González que no dio resultados positivos.

Ante esta situación, el fiscal Duarte calificó la conducta de González en la figura de ocultación de pruebas, previsto y penado por el Artículo 255 del Código Penal.