“Descaradamente ilegal” fue la expresión que utilizó el fiscal federal Marcelo Grosso para definir la actuación de las fuerzas militares y policiales “en la lucha contra la subversión”, durante su alegato que cerró las exposiciones acusatorias de las querellas en el juicio contra 23 represores acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar en la región.

Ante una sala colmada de público, entre el que se encontraban numerosas víctimas de la represión en la zona -como Orlando “Nano” Balbo, Luis Genga, Luis Guillermo Almarza, entre otros-, Grosso describió las privaciones ilegítimas de la libertad, detenciones, allanamientos ilegales, torturas, torturas seguidas de muerte y desapariciones de personas “mediante el uso de la violencia y cometidos en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil con la participación y tolerancia de un sector político de facto que gobernó el país en esos años, como así también de autoridades civiles que adhirieron al plan”.

El fiscal pidió penas de 24 años para ex jefes militares y policiales y solicitó igual condena para el ex agente civil de Inteligencia Raúl Guglielminetti. Para el resto de los imputados reclamó penas de 20, 15, 8 y 5 años de prisión y aclaró que no pidió que las detenciones sean en cárceles comunes “porque esa es la norma y no la excepción”. Asimismo demostró la existencia de una asociación ilícita con el fin de ejercer un plan criminal ordenado por los jefes de las fuerzas armadas.

El impecable alegato de Grosso hizo hincapié, entre otras consideraciones, en la actuación de las fuerzas policiales de Río Negro y Neuquén no sólo durante los años oscuros de la dictadura sino antes del 24 de marzo de 1976.

Afirmó que a pesar de que la Policía Federal operó bajo el control del Ejército Argentino “ponderar esa participación es indispensable para comprender la puesta en marcha del plan represivo diseñado por las fuerzas armadas”. Así el fiscal reveló que la delegación Neuquén de la Policía Federal y la Comisaría 24 de Cipolletti funcionaron como centros de tortura. En tanto sobre “La Escuelita”, el fiscal federal dijo irónicamente que “si algún desprevenido todavía pudiera dudar de la existencia de un centro clandestino de detención en los fondos del Batallón 181 esto podría ser acreditado por la fuga de Hugo Inostroza Arroyo” y continúo pero “que si en la época de los hechos algún desprevenido que creía que La Escuelita era una escuela, el diario Río Negro se encargó de despabilar a los distraídos publicando en su edición del 27 de agosto de 1976 que se había escapado un peligroso delincuente subversivo del Batallón donde aparentemente no había detenidos”.

Actas de libertad

Aunque no quiso explayarse demasiado, Grosso le dedicó unos párrafos de su alegato a “la burda y torpe maniobra” de las autoridades militares de confeccionar actas de libertad, “queriendo desligarse de la situación de los detenidos y hacer aparecer como liberados” a Miguel Ángel Pincheira, detenido-desaparecido el 14 de junio de 1976 en Cutral Co, y José Delineo Méndez, quien fue detenido en la misma fecha mientras cumplía el servicio militar obligatorio en Junín de los Andes.

“Juana Aranda, esposa de Pincheira, declaró en esta audiencia que le exhibieron en el Comando una nota que ordenaba la libertad y que contenía una firma que se la adjudicaba a Pincheira, pero que ella no la reconoció como la de él. Que sin embargo, volvió a Cutral Co y comenzó la espera. Dijo también que primero vino la espera y después la búsqueda. Y ya en esta etapa de búsqueda fue por última vez al Comando y no la atendieron porque no había nada que informar. Lógico, aunque torpe y burdamente, como dije, se habían sacado el problema de encima. Pincheira estaba desaparecido y, seguramente se aseguraron bien que no aparezca”, expresó Grosso.

El fiscal no dejó de referirse a la emotiva carta que su esposo le había escrito en cautiverio y que Juana Aranda leyó al finalizar su declaración en mayo pasado. “Todos debemos recordar el texto de la misiva: un hombre que pudo escribir esa carta de amor hacia su mujer y su hijo muy pequeño y hacia la vida misma y la libertad, pudo ser capaz de abandonarlo todo sin razón alguna. Jamás. Eso pudo imaginárselo solamente una mente perversa y mediocre como la de la persona que ideó semejante e inocente ardid”, dijo Grosso.

Al final de su alegato, el representante de la Fiscalía Federal expresó que “ninguna de las víctimas ni familiares que declararon en esta audiencia manifestó buscar venganza, todos hablaron de justicia”. Y expresó que Luis Genga, cuando declaró en esta audiencia de debate, “dijo que no quería venganza, que quería que el Tribunal hiciera justicia. Hasta Feliciana Alcapán (madre de los hermanos José Francisco y Juan Raúl Pichulmán, ambos desaparecidos) dijo textualmente ‘Ahora que me llamaron a declarar, tengo más esperanzas de que mis hijos aparezcan’. Esta frase sencilla, habla de la magnitud, trascendencia e importancia, que una mujer también sencilla como Doña Feliciana le otorga y le reconoce a la Justicia. Confío en que, resuelva lo que resuelva el Tribunal, será justicia”.