El Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) es uno de los organismos con mayor prestigio en temas vinculados con derecho penal, y cuya misión, según describe en su presentación institucional, es contribuir a la consolidación y el progresivo fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de América Latina y del Caribe.

En ese contexto, sus miembros sacaron un comunicado sobre el proyecto de ley que fue aprobado en Mendoza para que endurecer el régimen de ejecución penal de la provincia.

Se trata de una nueva voz que advierte sobre la necesidad de revisar el proyecto, al que le hace falta el último aval de Diputados para convertirse en ley, por considerarlo institucional.

Para INECIP, es inviable desde el punto de vista jurídico pero también desde el orden práctico.

Este es el comunicado:

El Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó un dictamen con críticas (ver archivo adjunto) sobre el proyecto de Ley de Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para la provincia de Mendoza, que está en contradicción con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

El proyecto rechaza la reinserción social y asume la privación de la libertad como mero castigo para un colectivo de condenados, niega la posibilidad de desarrollar intervenciones útiles para facilitar su reintegración al medio abierto y desvirtúa la progresividad del régimen como incentivo para los tratamientos.

Por otra parte, asume que el condenado necesariamente reincidirá, es decir que la castiga por anticipado y lo estigmatiza. A su vez, da por sentada la inutilidad de las intervenciones estatales durante el encierro y conceptualiza a la persona en conflicto con la ley penal como a un enfermo incurable cuyo síntoma es el delito.

También, muestra un carácter eminentemente reactivo, ya que comienza a operar una vez que el hecho criminal ya ha ocurrido y que las víctimas ya han sufrido el daño. Es una manifestación de demagogia punitiva y no hace más que incrementar la violencia estatal frente a los conflictos, en lugar de buscar soluciones efectivas.

Esta retórica de mano dura oculta las causas estructurales de los problemas, la debilidad de los sistemas de gestión de la conflictividad y utiliza de modo espurio el dolor de las víctimas y la justificada indignación social en lugar de optimizar la prevención del delito, mejorar el sistema de administración de la justicia penal, reformar el sistema carcelario y el servicio penitenciario y avanzar en materia de condiciones de detención y tratamientos efectivos a internos o en la política post-penitenciaria de asistencia, acompañamiento y control a la persona liberada.

El proyecto también implicará un agravamiento de la sobrepoblación penitenciaria desdeñando los efectos deteriorantes para la persona.

Una de las principales críticas técnicas se basa en que el proyecto implica un avance provincial sobre facultades delegadas en el Congreso de la Nación al vulnerar el principio federal pretendiendo regular en materia de ejecución de penas privativas de la libertad, estableciendo un régimen diferenciado y agravado para las personas condenadas por determinados delitos en el ámbito de la justicia ordinaria de Mendoza. Este punto genera desigualdad creando una suerte de Código Penal diferenciado para la provincia.

Esta iniciativa ocurre mientras está trabajando una comisión específica para elaborar un nuevo proyecto de Código Penal para la República Argentina.