Para los autores de los proyectos, sin embargo, la fuente de financiamiento debería ser el fondo de garantía del que dispone la Anses: hasta ahora, no se utilizó nada de esos recursos para beneficiar a los pasivos. El fondo está integrado por el dinero que se había acumulado en las cuentas de ahorro de quienes estuvieron afiliados al eliminado sistema de capitalización, y el valor de los activos financieros en los que está invertido es de aproximadamente $ 150.000 millones.

Según datos de la Anses, hacer frente a los proyectos de la oposición significaría una erogación de unos $ 34.000 millones por año. ¿Qué efectos concretos tendrían los proyectos? Si bien en el Congreso hay textos presentados que contemplan una gran diversidad de aspectos del régimen jubilatorio, lo que se debatirá a partir de hoy pone la mira en tres cuestiones:

* La jubilación mínima: se propone atar su monto al salario mínimo, vital y móvil, hoy de $ 1500. Algunos proyectos, como el de los diputados Eduardo Ibarra, Enrique Thomas y otros del Peronismo Federal, o el del senador socialista Rubén Giustiniani, buscan llevar el haber básico al 82% de esa cifra. Con los valores actuales, eso implicaría una mínima de $ 1320. El texto propuesto por la diputada Fernanda Reyes y suscripto por sus pares de la Coalición Cívica, habla de llevar el haber mínimo a la misma suma que el salario básico, lo que significaría un aumento del 67 por ciento.

* La aplicación del fallo Badaro: en 2007, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que las jubilaciones y pensiones debieron haber subido, a partir del período inflacionario iniciado en 2002, a la par de la evolución de los salarios activos. Entre enero de 2002 y diciembre de 2006 -el lapso de tiempo al que se refirió el fallo-, el índice que se tomó en cuenta avanzó un 88,5 por ciento. Al no haberse dictado ninguna medida correctiva para aplicar las recomposiciones que en cada caso resulten de esa disposición judicial, hoy los pasivos tienen que recurrir a la Justicia y esperar un trámite de largos años, para poder cobrar algo que ya se determinó que les corresponde. Esta es una de las principales razones por las cuales la cantidad de juicios de jubilados contra la Anses está hoy en niveles récord. Varios proyectos legislativos buscan que el ajuste sea aplicado por vía administrativa.

* Cambios en la movilidad: según la ley vigente desde 2009, los haberes de los pasivos suben dos veces por año, en marzo y en septiembre, según el resultado de una fórmula que combina la evolución de variables como los salarios, la recaudación de recursos para el sistema y la cantidad de jubilados. El objetivo de los legisladores es que se simplifique el cálculo y se considere sólo la suba de salarios.

Más allá de estos temas, hay varios proyectos de ley que se refieren a la necesidad de encarar una reforma integral del sistema. Para eso, se prevé la integración de comisiones de expertos que, entre otras tareas, se propongan estudiar la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo, algo que no se analizó cuando se trataron las últimas reformas aprobadas.