Luego de la mediación judicial, ayer se estableció un acuerdo entre todas las partes involucradas en el conflicto por el plan de 54 viviendas del Sindicato de Viales en Viedma.

El compromiso establece que, en pocos días para algunos y en unos 9 meses para otros, todos los inscriptos que cumplimenten los requisitos, podrán contar con techo propio.

La bronca de quienes pagaron su lote –algunos hace más de cinco años– y quedaron fuera de los listados oficiales, había registrado el primer desborde el domingo, cuando una de las familias ocupó una de las casas. En tanto, la indignación de quienes fueron incluidos en las nóminas pero no pueden ingresar a las casas porque pesa una medida de no innovar , se vio colapsada anteayer cuando ocuparon la sede del IPPV y amenazaron con quedarse allí hasta que tuvieran una respuesta.

Ayer llegó la solución para todos. Fue en el marco de una audiencia que convocó el juez Juan Bernardi, en plena toma de la sede del Instituto provincial. En esa audiencia se lograron varios avances y compromisos fundamentales para todos los que reclaman.

La Fiscalía de Estado, representada por su titular, Alberto Carosio, suscribió un acuerdo con los abogados, garantizando que en 90 días el gobierno iniciará la construcción de unas 23 viviendas como máximo -para compensar las vendidas de más por el gremio que conduce Carlos Sansuerro- en un terreno lindero al barrio de 54. Se demorarán unos 6 meses para concluirlas. Durante este período –desde noviembre hasta la entrega de llaves– las personas que por estas desavenencias han quedado sin casa y deben seguir alquilando, recibirán del Estado 500 pesos mensuales.

Por su parte, la familia que ocupó irregularmente una de las unidades habitacionales se comprometió a desalojarla ayer mismo, con el seguridad de que estará incluida en las 23 nuevas.

Por su parte, Ricardo Montanari, abogado que representa a ese grupo que quedó fuera de los listados oficiales, garantizó que pedirá al juez Fermín Donate y a la jueza Rosana Calvetti que levanten la medida de no innovar que impide que el trámite de adjudicación continúe para las restantes 54 casas.

Una vez sin efecto la medida judicial, se deberán cumplimentar los plazos establecidos, que implican dos días más para impugnaciones y luego la entrega de llaves. Los que sean impugnados, deberán esperar que el IPPV resuelva su situación. El resto, en tanto, tendrá derecho a tener las llaves e ingresar a sus ansiadas viviendas.