El acuerdo propone poner a producir 330.000 hectáreas de los valles Medio e Inferior del río Negro y de la zona de La Japonesa, en la vera del río Colorado. Para ello, el gigante asiático invertirá US$ 1500 millones para financiar obras de riego en esa vasta extensión de tierra para producir alimentos, levantar una planta aceitera y ampliar el puerto de San Antonio Oeste. A cambio, China tendrá la prioridad para comprar los nuevos alimentos producidos durante 20 años. La empresa estatal recuperará el dinero de la inversión en el mismo lapso, con un interés de 5% anual.

El gobernador Saiz celebró el acuerdo y afirmó que "permitirá crear más de 100.000 puestos de trabajo". Aclaró que "no se venderán tierras a China", ya que las hectáreas en cuestión son privadas, no públicas. Por esa razón, la empresa china celebrará contratos con los productores locales para poner en marcha la iniciativa.

Sin embargo, el proyecto tiene fuertes detractores. No sólo el kirchnerismo local y grupos ambientales se oponen, sino que en el Gabinete nacional las opiniones son dispares. En efecto, mientras la Cancillería declaró de interés el acuerdo, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, expresó sus reparos. "Nos parece que es complejo convivir con un estado soberano dentro del nuestro", advirtió Domínguez cuando, en la Cámara de Diputados, instó a los legisladores a aprobar la nueva regulación de la ley de tierras.

Los ambientalistas cuestionan el proyecto por el impacto ambiental que implicarán cultivos distintos en la zona. En tanto, el kirchnerismo y otras fuerzas opositoras locales pusieron en tela de juicio el acuerdo y sospechan de cláusulas no explícitas que beneficiarían a China con facilidades y exenciones impositivas.