El consenso acerca de la prórroga de la intervención de Obras Sanitarias hasta el 27 de setiembre estaba cerrado, pero las diferencias de la oposición con los otros dos artículos del proyecto remitido por el gobernador Jaque para que sean aprobados sí o sí, obligaron a patear para adelante la definición.

Concretamente, esos dos artículos se refieren a la transferencia de 10 millones de pesos para cubrir baches financieros de OSM y el nuevo andamiaje legal que regirá a la nueva empresa de aguas y saneamiento. Así los legisladores de las dos cámaras decidieron trasladar la discusión al 26 de julio próximo, un día antes de que venzan los plazos previstos originalmente.

Durante la semana próxima, los legisladores se dedicarán a recolectar información faltante y cerrar posiciones.

Así es que el martes próximo visitarán la Legislatura el interventor de OSM, Gonzalo Dávila, y el titular del EPAS, Javier Montoro, quienes deberán explicar para qué necesitan esos 10 millones de pesos y convencer con sus argumentos a los escaños opositores.

Al respecto, el jefe del bloque del Confe, Andrés Marín, señaló que no hay una objeción a darles los 10 millones de pesos o el dinero que fuera necesario para sostener el servicio, siempre y cuando esté justificado y haya garantías de que el dinero vuelva al Estado.

En el mismo sentido, la UCR se preocupa por la forma legal en la que se otorgarán estos $ 10 millones. Raúl Vicchi arriesga que lo más adecuado sería un fondo fiduciario, con afectación específica, garantizando la devolución al Estado de este dinero.

El PD pone el énfasis en el incremento de los gastos, particularmente en salarios de los directivos de la intervención. El diputado Roberto Pradines señaló que "no sabemos en qué se van a gastar esos $ 10 millones. Está demostrado que esta intervención ha incrementado gastos e incorporado personal".

El diputado Daniel Cassia apunta a la redacción del fatídico artículo 2 del proyecto. "Con ese texto podría quedar un resquicio legal para que la concesionaria pueda usar como argumento que necesitaba más recursos para cumplir con el servicio y hacer las inversiones. Tenemos que pensar en la acción legal de la concesionaria ante el Ciadi".

El oficialismo señala que tiene los números claros, pero que, en aras del consenso aceptaron la postergación. "El dinero se va a usar en recuperar el gasto que implicó solucionar la mayoría de los reclamos que la concesionaria había cajoneado; de 11.000 hoy quedan sin responder 3.000.

Además, cubrir los dos incrementos de sueldo del personal, uno del 26%suscripto en la paritaria del año pasado por la anterior gestión y otro del 13% de mayo; así como también el incremento de los insumos", explicó el titular del bloque justicialista Carlos Bianchinelli.

El otro tema en el que hay dudas opositoras es la forma legal que adoptará la futura empresa estatal y cómo será tratado en la Legislatura. La mayoría pretende que el Gobernador remita un proyecto de ley para abrir el debate entre todas las fuerzas y no que se remita un decreto-ley, que sólo permita la aceptación o el rechazo.

En este sentido, Vicchi fue el más pragmático: no le importa si viene un decreto, siempre y cuando todo lo que contenga esa norma sea consensuado; al tiempo que arriesga una forma legal para OSM: sociedad anónima de propiedad estatal.