El magistrado reiteró que en los próximos días se definirá la sentencia. “Si resultara contraria a Absa y el Ejecutivo quisiera seguir adelante con el aumento, se debería llamar a una audiencia pública”, sostuvo Arias.

Durante más de dos horas el juez escuchó los argumentos de las partes, pero al final de la audiencia, todos los participantes, con excepción de Arias, se mostraron insatisfechos con los resultados.

"ABSA DESCONOCE EL PLANTEO DEL MUNICIPIO"

La Defensora Ciudadana platense, María Monserrat Lapalma, que junto a la usuaria María Virginia Pérez y el legislador provincial Oscar Negrelli habían solicitado la medida cautelar “protegiendo“ a los usuarios, se quejó por la política de Absa de “desconocer las inquietudes planteadas por el Municipio”. En ese sentido añadió que “no aceptan rever las los valores de las tarifas, pero nosotros seguimos pidiendo que se suspenda el aumento y se realicen audiencias para abordar el tema tarifario”.

No obstante, Lapalma reconoció que se intercambiaron muchas ideas y anticipó que se gestionará la realización de audiencias informativas para que Absa explique cuáles fueron los criterios empleados para el cambio del cuadro tarifario y se revisen los criterios utilizados para el reajuste.

“En Absa hablan de gastos operativos, no aceptan rever las tarifas, no toman en cuenta al usuario y por eso vamos a insistir para frenar el aumento hasta que se realicen las audiencias”, dijo la Defensora Ciudadana.

Más conciliador, Carlos Bonicatto, Defensor del Pueblo de la Provincia, propuso a las partes que intenten acercarse y que las próximas reuniones se realicen en el ámbito de su despacho.

En tanto, el diputado Negrelli sostuvo que la empresa, por ser una sociedad anónima, “no puede tomarse la atribución de fijar el valor de la factura de manera arbitraria” e indicó a la vez que la compañía “debe cumplir con las leyes provinciales que establecen la obligación de participar en audiencia pública para debatir todas las cuestiones de fondo como la autorización de aumentos”.

Le pedimos que acepten debatir en audiencia publica y revisar los aumentos que han hecho hasta la fecha. Algo que la empresa manifestó no estar de acuerdo. Además les propusimos dejar por escrito el compromiso de darle un tratamiento diferente al cuadro tarifario a sectores con grandes problemas socioeconómicos y no lo quisieron aceptar”, señaló el diputado que ahora espera el pronunciamiento de la Justicia.

NO HAY MARCHA ATRÁS POR PARTE DE LA EMPRESA

Por su parte, Jorge Radivoj, gerente general de Absa, expresó que se presentó en el lugar para ofrecer información del cuadro tarifario y negó la posibilidad de dejar sin efecto el aumento. “El cambio en la tarifa se dispuso mediante un decreto y seguirá vigente. De todas maneras con una tarifa social se contemplará la situación de aquellos que no puedan pagarla”, señaló.

La Justicia será ahora quien defina si Absa puede aumentar o no las tarifas de los servicios sanitarios en un 180 por ciento, luego de analizar los fundamentos ofrecidos por las partes del litigio en la reunión de ayer.

“Hablan de gastos operativos, no aceptan rever las tarifas, no toman en cuenta al usuario y por eso vamos a insistir para frenar el aumento”, dijo la Defensora

El juez informó que la parte actora desistió de presentar pruebas informativas y testimoniales en relación a cómo se presta el servicio y que se buscó la conciliación. Se abordó el derecho de información de los usuarios, los problemas que se registran en el servicio y la necesidad de modificar las tarifas.

“Ante el pedido de que se deje sin efecto el cuadro tarifario actual, la empresa está intransigente. Mantiene su posición en el litigio de que se puede aplicar el aumento sin que haya habido audiencia pública”, sostuvo Arias. De acuerdo al procedimiento judicial, el conflicto con Absa se resolvería a fin de mes.

Julio

En la primera semana de julio podría conocerse el falo definitivo por la “cuestión de fondo” sobre el aumento del 180 por ciento en la tarifa que cobra la empresa Absa por los servicios de agua potable y cloacas, estimaron fuentes judiciales