una audiencia pública sobre la admisibilidad de un caso presentado por las supuestas agresiones contra la comunidad toba del barrio Namqom en el año 2002. Las partes arribaron a un “acuerdo mínimo” en miras a comenzar un procedimiento de solución amistosa.

El objetivo de la audiencia fue poner del conocimiento de la comisión argumentos de hecho y de derecho con respecto a los planteos que se detallaron en la petición.

Los representantes del Estado Nacional integrado por, entre otros, Javier Salgado, representante de la Cancillería Argentina , el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Jorge González y la Fiscal de Estado, Stella Maris Zavala de Copes, propusieron comenzar el camino del acuerdo de solución amistosa y para ello integrar una mesa de diálogo.

El ministro González, enumeró algunas cuestiones normativas como la creación de la subsecretaria de Derechos Humanos o la sanción de la Ley provincial 1487 que incorpora al Código de Procedimiento provincial la figura de querellante particular al proceso penal. Así como que en 2005, el STJ de la provincia, dejó sentado que ante cualquier hecho que involucre a la policía será el juez el que deba llevar adelante la investigación sin la intervención de esta fuerza.

“Ante una situación de conflicto, nosotros preferimos llevar adelante una mesa de diálogo en la discusión de estas cuestiones”, dijo González, explicando que “se celebró una manifestación de voluntad de las partes y que al haber un principio de consentimiento para arribar a un acuerdo de solución amistosa implicaría que la CIDH suspendiera el avance en la elaboración del informe relacionado con la posible admisibilidad de la petición correspondiente”, por lo que habló de un acuerdo mínimo, en miras a abrir formalmente un procedimiento de consulta para comenzar con un proceso de solución amistosa.

Planteo no generalizar sobre el pedido de “toda” la comunidad Qom, sino que expuso que “se trata del planteo de un grupo de personas”, al tiempo de exponer el ambicioso plan de obras públicas ejecutadas por el gobierno y que beneficiaron a algunos de los reclamantes, para asegurar que todo este proceso en marcha hizo que momentáneamente el asunto en la CIDH se haya interrumpido, para explicar que los procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen plazos distintos a los de un proceso judicial argentino.

Incluso aludió a la apertura de una instancia donde la provincia ha solicitado que los demandantes presenten un reclamo concreto, dado que no queda clarificado “una base para poder empezar a dialogar”.

Expuso asimismo que junto a la Fiscal de Estado presentaron la situación que se vive en la provincia en general y específicamente en el barrio Namqom, significando que “demostramos con toda claridad que no existe discriminación y que existen políticas de estado de inclusión y equidad”.