Un ingeniero mecánico santarroseño se sumó hace un mes al cuerpo de profesionales que tiene a cargo la realización de la pericia en la causa por supuestas irregularidades en la construcción del primer tramo del Acueducto del Río Colorado.
El Juzgado Nº 5 a cargo del juez Daniel Saez Zamora extendió nuevamente los plazos, otorgando seis meses más, para que los peritos terminen el informe.
Una pericia base
La pericia está a cargo de dos contadores y dos ingenieros. En base a sus conclusiones el juez deberá establecer, primero, si la constructora de Victorio Américo Gualtieri cobró sobreprecios y removió suelos arenosos que figuraban como pedregosos para poder cotizarlos a más precio; y, segundo, qué funcionarios o ex funcionarios estuvieron involucrados.
La pericia se viene desarrollando desde hace casi tres años. El juez extendió los plazos en seis meses. “Es extensa y compleja. Analizan los tramos de obra que se fueron haciendo y las certificaciones que fueron pagando. Tienen que confrontar toda la documentación”, explicó una fuente tribunalicia.
La anterior jueza de la causa, María Florencia Maza, había ordenado la pericia. En realidad, se trata recién del primer paso de la investigación. El año próximo, si se comprueban irregularidades, el juez Saez Zamora podría disponer declaraciones indagatorias de los sospechosos.
Causa compleja
El expediente de la causa es voluminoso. Ocupa una habitación de tres metros por tres, en el Superior Tribunal de Justicia, repleta de estanterías con la documentación de la licitación y la obra del acueducto.
La causa se abrió en septiembre de 2007, cuando el juzgado estaba a cargo de la doctora Verónica Fantini. El bloque legislativo del FRAP (hoy FrePam) acompañó en la denuncia al entonces diputado provincial Mario Cayre.
La causa la reimpulsó en agosto de 2009 la jueza Florencia Maza, cuando la unificó con una denuncia anónima que acusó a Gualtieri de hacer figurar la remoción de suelos arenosos como pedregosos para beneficiarse con sobreprecios.
La jueza ordenó en ese momento la pericia, pero las dificultades para encontrar profesionales -se produjeron una serie de renuncias- frenó su realización.
Este año, con la puesta en vigencia del nuevo código procesal, la causa pasó a uno de los juzgados “residuales”, el del juez Daniel Saez Zamora, que se hace cargo de las investigaciones más antiguas.
Los trabajos en la pericia se interrumpieron hace tres por la renuncia de un ingeniero hidráulico que viajaba todas las semanas desde General Pico a Santa Rosa. Recién ahora, hace un mes, le encontraron remplazante.
Las pericias abarcan al tramo construido entre los años 1998 y 2010 por Gualtieri. A esta empresa le rescindieron el contrato por una serie de incumplimientos y la obra fue terminada por la UTE Techint-Skanska.
Se sospecha que la empresa no habría realizado pruebas hidráulicas en al menos 80 kilómetros de la red y que el Gobierno Provincial, en ese momento a cargo de Rubén Marín, le pagó certificaciones por alrededor de 40 millones de pesos-dólares.
También se debe establecer si removió suelos arenosos que figuraban como pedregosos para poder cotizarlos a más precio.
La denuncia original también involucra al ex gobernador Carlos Verna. Es porque firmó el Decreto 10/05 que aumentó pagos por 50 millones a la empresa que continuó la obra, la UTE Techint-Skanska, sin que hubiera obras adicionales, y además se eximió a las empresas de una serie de multas que debieron pagar por no haber terminado de construir el acueducto a fines de 2004.
Recorrido
El acueducto fue licitado por Rubén Marín en 132 millones de dólares y se adjudicó en 1999 a la compañía de Victorio Américo Gualtieri. Dos años después, el Gobierno pampeano le rescindió el contrato por gravísimos y reiterados incumplimientos.
En vez de llamar a una nueva licitación, adjudicó la obra en un rápido concurso de precios entre las tres empresas que habían participado de la licitación y que habían perdido frente a Gualtieri.
En 2001, la UTE Techint-Skanska se hizo cargo de los trabajos por 74 millones de pesos-dólares. La obra finalizó cinco años después de lo previsto, ya en el gobierno de Carlos Verna, y terminó costando más de 500 millones de pesos.
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