Hace unos días la discusión sobre la cuestión tributaria parecía tener sus límites en la provincia de Entre Ríos. Ésta, desde la creación de la ATER viene actualizando su matriz en Ingresos Brutos, Profesiones Liberales, Inmobiliario Urbano y diversos rubros. La mayor resistencia se dio en los últimos días con el Inmobiliario Rural. Desde esta semana se sumaron las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. La característica es la misma: gravar más a los que más tienen; curiosamente la respuesta también: impuestazo.

Entre Ríos

Entre Ríos asumió un reto que formuló el Gobernador a la hora de asumir su segundo mandato, “no quiero más impuestos, quiero mejores impuestos”; “los impuestos deben tener un criterio de justicia, equidad y progresividad”. Por su impulso la legislatura creó la ATER y a partir de ahí se vino modificando la grilla de impuestos, con cambios de alícuotas en algunos casos y con actualización de avalúos para otros.

En el primer grupo se encuentran los cambios para el juego (fuerte suba al 8 %), las actividades financieras, las empresas que no tienen sede en la provincia, aumentos en los mínimos, etc. En el segundo se produjo una actualización de avalúos para el Impuesto Inmobiliario Rural (175 % promedio), que produjo las violentas reacciones de la dirigencia rural que lo rechaza por confiscatorio según su versión. Antes también se había actualizado el Inmobiliario Urbano sin registrar mayor resistencia que la que provoca saber que le demandamos unos billetes más al bolsillo.

Santa Fe

En los últimos días la provincia de Santa Fe giró al Senado un proyecto por el que se pretende recaudar 1000 millones de pesos con su ajuste tributario, la propuesta del Ejecutivo plantea aumentar la alícuota de Ingresos Brutos a grandes contribuyentes, por su parte el Inmobiliario Rural propone subas de 50 al 600 por ciento; el Urbano, de entre el 60 al 120%.

Sobre el aumento de Ingresos Brutos para grandes contribuyentes el gobierno resolvió plantear por ley elevar del 3,5 al 3,8 por ciento la alícuota para los contribuyentes con facturación anual de entre 30 y 40 millones de pesos, y a un 4,2 por ciento para aquellos que superen los 40 millones. También busca gravar a grandes constructoras, unas 300 empresas, que deberán pagar el 2,5 por ciento en el caso de las radicadas en la provincia, y el 3,5 para las que se encuentren fuera de los límites del territorio santafesino. En el capítulo del Impuesto Inmobiliario Rural el gobierno santafesino propone subas desde el 50 hasta el 600% de incremento dependiendo de la zona y de su productividad, por citar en el caso de la Zona Centro Norte, los grandes propietarios pagarán entre el 400 y el 500% de incremento. En el caso de la Zona Centro Sur, los propietarios que superen las 600 hectáreas y hasta 1.800, pagarán entre 450 y 600% de aumento. Sobre el Impuesto Inmobiliario Urbano el proyecto prevé un leve ajuste para las partidas que paguen el mínimo -aproximadamente, el 47% de los inmuebles-, a partir de allí el 33 por ciento de las partidas restantes tendrán un ajuste que irá entre el 60 y 85 % y las de mayor valor ajustes de hasta un 120% de aumento.

Buenos Aires

La última novedad en el tema impositivo provincial la aportó hace horas la provincia de Buenos Aires con una iniciativa tendiente a gravar sectores que no tributan en la actualidad –cooperativas, cables y edificaciones en predios rurales-, como así también con la actualización de avalúos y alícuotas en diversas actividades. El Gobierno bonaerense ya había practicado un ajuste con la Ley 14.333 para el año 2012, con la presente modificación busca obtener 2000 millones de pesos.

Cooperativas: Sólo mantendrán el beneficio de exención “los ingresos que obtienen las cooperativas provenientes de operaciones con asociados, como los ingresos por servicios que preste la cooperativa”, pero tributaran por cualquier comercialización fruto de “actividades de venta al por menor”.

Empresas de Televisión por cable: Se elimina la exención de Ingresos Brutos, aunque seguirán teniendo relación preferencial “con una alícuota reducida en el pago de Ingresos brutos del 2%”, con el fin de que no se traslade esa carga a los usuarios.

Ingresos Brutos: El proyecto incrementa, un 0,5% para llevar al 5%, la tasa que actualmente tributan en concepto de Ingresos Brutos una numerosa rama de actividades como venta de partes y accesorios de autos; venta de combustible; comercialización de productos agrícolas; venta de alimentos; de bebidas; de productos textiles; de libros, revistas y diarios; de productos farmacéuticos, artículos de óptica; artefactos de iluminación; entre otros.

Impuesto a los Sellos: aumenta los porcentajes de las alícuotas del impuesto de Sello, que graba diferentes actividades. Entre otras; Venta de billetes de Lotería; Cesión de acciones y derechos; Concesiones; Energía Eléctrica; Locaciones y sublocaciones; Compraventa de Mercaderías y/o bienes muebles; compra-venta de Automotores; Boletos de Compraventa; Escrituras Públicas; Contratos entre privados y suba en los porcentajes en Operaciones de tipo Comercial o Bancario.

Inmobiliario Rural: Este reajuste alcanzará a 6,5 millones de partidas, distribuidas en 300.000 kilómetros cuadrados. El valor fiscal de las tierras podría subir hasta un 500% una vez finalizada la valuación general de suelos.

Conclusión

La observación en perspectiva refleja una preocupación común a los distritos; es la de no haber podido obtener recursos en forma proporcional al crecimiento de los actores de la economía, también se observa un lineamiento conductor de gravar progresivamente a partir de la capacidad contributiva; es decir el que más tiene, más paga, y por último la resistencia de los sectores ante el avance de los estados en la reasignación de los recursos; este fenómeno especialmente en el sector rural provoca airadas (hasta violentas) protestas, pero que no encuentran –como sí ocurrió en el 2008- a una sociedad dispuesta a darles solidaridad ante un reclamo claramente económico.