Las distintas organizaciones y usuarios se pronunciaron por “ la derogación del aumento del servicio de la telefonía celular dispuesto arbitrariamente por las empresas del sector; la inmediata aplicación de la portabilidad numérica; y por la inmediata regulación del servicio de telefonía celular declarándolo servicio público”.

En la oportunidad, también se realizó la convocatoria al apagón nacional de teléfonos celulares previsto para hoy de 12 a 13.

El encuentro mañanero

“Nos juntamos con varias organizaciones para invitar a la comunidad, para rechazar y repudiar el aumento de las tarifas de telefonía móvil”, dijo Marcelo Salgado, uno de los presentes en el encuentro. En el transcurso de la jornada, se realizaron jornadas de rechazo en todo el país a los aumentos de los precios, que según informaron, serán del 20 por ciento.

“El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) convocó a todos los sectores frente a las instalaciones de la empresa Personal, avenida Alberdi y peatonal, para rechazar y repudiar el aumento”, señaló Marcelo Salgado, titular de la entidad.

Agregó seguidamente que “nuestro país está dentro de los cinco países con tarifas más caras, a pesar de ello, las empresas Movistar (Telefónica) y Personal (Telecom) decidieron aumentar entre 15 y 20 por ciento sus tarifas, la primera a partir de agosto y la segunda a partir de octubre”, explicó el coordinador de ISEPCI.

“Esta es la segunda suba en lo que va del año, la primera fue en abril y afecta a la mayoría de usuarios de la telefonía móvil, ya que entre las dos empresas concentran el 70 por ciento del mercado, necesitamos que el Estado intervenga y proteja a los usuarios que además de soportar aumentos abusivos no tenemos servicios de calidad y estamos indefensos ante estas empresas monopólicas”, agregó Salgado.

Perjudicada la clase más baja

Germán Rach, otro de los directivos presentes, dijo que “este tipo de abusos es posible, porque aún esta vigente la legislación que permite la desregulación total del mercado de telefonía móvil, la Ley Nº 25.891 permite que las empresas puedan fijar los precios sin atender a ningún tipo de regulación y control por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Según distintas fuentes, el mercado de telefonía móvil en nuestro país, rondaría entre los 45 y 55 millones de líneas de telefonía, es decir 10 veces más que la telefonía fija, lo que demuestra la importancia que tiene este servicio para la población en general, por eso apoyamos el reclamo de las distintas asociaciones de consumidores que exigen al Estado Nacional que la telefonía móvil sea declarada como un servicio público, lo que permitiría distintas regulaciones y salvaguardaría los intereses de los usuarios más desfavorecidos”.

Remarcó asimismo que “tampoco ninguna de las empresas monopólicas ha presentado un cuadro de costos para justificar estos aumentos, es necesario que desde el Estado se exija esto para clarificar los márgenes de rentabilidad, que hoy son muy grandes a favor de las prestatarias. Otro reclamo importante es los derechos de portabilidad de las líneas, es decir, cuando alguien quiere cambiar de empresa no puede conservar su número y está obligado a renunciar al mismo, ocasionado dificultades para los usuarios y generando clientes “cautivos” de las distintas empresas”