El delito de la trata de personas, el proxenetismo, la servidumbre por deudas, la esclavitud y la trata de personas se encuentran penados por nuestro Código Penal. Además, existe un compromiso por parte del Estado Argentino al ratificar diversos instrumentos internacionales, entre los que podemos mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre el Crimen Organizado Trasnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas y la Convención de la ONU para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, que obliga al Estado a:

1) Castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona;

2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona;

3) Castigar a toda persona que: Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento;

4) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

Dice Bernales que “si el intendente de Macachín, Jorge Cabak, y otros intendentes de la provincia de la Pampa permiten estos lugares y no legislan para prohibirlos como la ley lo dicta, estarían incumpliendo disposiciones legales lo que se podría encuadrar en incumplimiento de los deberes de funcionario público, como así los concejales al permitir en su ejido municipal lugares de ejercicio y promoción de la prostitución ajena prohibido por Ley Nacional, donde se permiten delitos de proxenetismo y trata de personas con fines de explotación sexual”.