Para un país, el tener riquezas naturales no es sinónimo de progreso, ni de buena calidad de vida para sus habitantes. Desde la época colonial los países de la región protagonizamos una sucesión de desaciertos en la gestión de nuestras riquezas permitiendo la apropiación de los recursos no renovables por las grandes potencias mundiales.

La historia de nuestro país revela cómo la emancipación de España ganada a sangre y fuego por los criollos, fue reemplazada por una forma de dominación de tipo comercial por la corona británica. El monopolio del transporte de cargas, los saladeros, buena parte de los campos, los seguros, la banca, los canales de comercialización de los productos de exportación y la flota mercante les pertenecieron por décadas.

Este control casi total del PBI en manos extranjeras fue interrumpido por el proceso político del Justicialismo. En tan solo diez años el estado demostró que asumiendo un rol distinto en la economía podía ejercer la soberanía política y la independencia económica; pero por sobre todas las cosas permitir un cambio en las condiciones de vida de los soberanos, que es el pueblo argentino.

En nuestra ciudad-cuenca petrolera vivimos estos procesos. También pasamos de estructuras empresarias que fundaban pueblos enteros con viviendas para sus trabajadores, cine, club, escuela y hospital (Diadema, Km 8, Astra), a empresas de ganancias maximizadas que obtienen una renta astronómica sin dejar nada a su paso.

La tecnología mejoró los procesos de producción haciendo que la ecuación entre gasto y ganancia se maximice para la empresa titular de la concesión petrolera.

Pero estas grandes operadoras petroleras de capitales británicos, franceses o chinos no aportan al conjunto de la comunidad herramientas permanentes de progreso; son meras oficinas de contrataciones que no construyen ni sus propias oficinas. Una vez que el recurso se agota queda únicamente el pasivo ambiental y social. Arriba lata y durlock, abajo tierra arrasada.

Algunos representantes del estado han jugado un juego ambiguo frente a esta realidad. Simulando dureza en la relación con los operadores, los han beneficiado más allá de toda lógica.

El estado provincial dueño del recurso continúa participando mínimamente en el producido del negocio. Mientras tanto el tiempo pasa y nuestra ciudad tiene empresas regionales débiles, salarios asimétricos, costo de vida altísimo, inseguridad, falta de viviendas, asentamientos ilegales, déficit de infraestructura, falta de salud; de educación, etc. (exáctamente los mismos problemas que enfrentaba la Villa Rica de Potosí en 1610).

Además de ello los conflictos gremiales no tienen medida, dejando al ciudadano como un rehén en su propia ciudad.

¿Qué puede hacer el Estado para ordenar esta situación?

El Estado (Nacional, Provincial y Municipal) posee herramientas de imperio que le permiten intervenir ampliamente en el circuito económico.

Explotar un recurso estratégico, escaso y no renovable, de propiedad pública, implica una gran responsabilidad. Sea que esta explotación la realice el estado o una empresa privada, debe cuidarse que la renta que genera la actividad y la cadena virtuosa comercial que se desprende de sus contratistas sea aprovechada útilmente.

Quizás el enfoque legal para materializar este tipo de control se asemeje a los Programas de Responsabilidad Social Empresaria.

Estos Programas son compromisos que asumen las empresas de interactuar con la sociedad siguiendo un estándar ético determinado, obligándose a hacer determinadas cosas que son socialmente positivas y a abstenerse de hacer aquellas que son perjudiciales para la gente.

Nada impide que estos compromisos en vez de ser unilaterales, o meras declamaciones ligadas a la propaganda institucional, sean acuerdos escritos firmados ante las autoridades del Estado.

En vez de referirse al cuidado del guanaco o al armado de viveros escolares, pueden referirse a un estándar más elevado en el cumplimiento de los contratos con los proveedores locales.

Son conocidas y recurrentes algunas “malas prácticas comerciales” tales como: Impedir a las empresas regionales actualizar sus tarifas para mantener su rentabilidad; Discontinuar su trabajo periódicamente; Entregar valores con fecha de pago diferida que agrega un costo financiero en perjuicio de la empresa local; Exigir requisitos sobreabundantes o ilógicos para demorar la certificación de los trabajos realizados o gravar la rentabilidad; No comprometerse con la Banca Pública provincial depositando fondos en bancos no regionales; apelar a mano de obra golondrina; etc.

Una norma de estado podría exigir que quien asume estas malas prácticas comerciales, quede obligado a realizar aportes económicos a uno o varios fideicomisos destinados a reparar algunos de estos desmanejos.

Por ejemplo, para que la Banca Pública pueda contar con recursos para asistir financieramente a los empresarios locales, para viabilizar programas de vivienda social, seguridad urbana, de salud, de educación, etc.

Estos aportes deberán ser un reflejo del comportamiento empresario. Debería existir un mecanismo de monitoreo, un manual de buenas prácticas y una relación de premios y castigos para el transgresor.

Estos son ejemplos posibles de ejercicio real de la soberanía en el estado democrático.