La jueza Patricia Acioly fue asesinada cuando regresaba a su casa, en Piratininga, ciudad de Niteroi, en la región metropolitana de Rio de Janeiro, por cuatro hombres que la emboscaron con dos automóviles y dos motocicletas. La magistrada era conocida por su rigor contra los policías que participan de los escuadrones de la muerte o grupos de exterminio en Rio de Janeiro.

"Ella ya había recibido amenazas de muerte", dijo el presidente del Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro, Manoel Rebelo dos Santos, citado por ANSA. Sin embargo, la familia de la víctima, de 47 años, que deja tres hijos, denunció que a la jueza se le había negado custodia por cuestiones aún no aclaradas. "El atentado fue hecho por profesionales; llama la atención que ella no tenía seguridad, por el hecho de haber juzgado centenas de criminales de alta peligrosidad. El homicidio parece hecho por la mafia", dijo el presidente de la Orden de Abogados de Brasil de Niteroi, Antonio Barbosa da Silva.

El gobierno de Dilma Rousseff intervino en la investigación del crimen de una jueza conocida por sus duras sentencias contra narcotraficantes y bandas parapoliciales, asesinada a balazos en la puerta de su casa de Río de Janeiro, caso por el cual la Corte Suprema demandó celeridad en las pesquisas.

La gravedad del hecho motivó que el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, determinara la "inmediata" y "rigurosa" investigación de los hechos, lo que encomendó a la Superintendencia de la Policía Federal de Rio de Janeiro, según difundió la cartera a través de un comunicado. El presidente de la Corte Suprema había reclamado a Cardoso el "empeño de la Policía Federal en el esclarecimiento del asesinato de la jueza Patricia Acioli", pedido que también elevó al gobernador de Rio, Sergio Cabral.

El gobernador carioca también prometió investigaciones "rigurosas" sobre el crimen y sus motivaciones.Las primeras investigaciones permitieron recopilar que la magistrada asesinada estaba en una lista de doce personas marcadas para morir, tal como se mencionaba en los documentos secuestrados a Wanderson da Silva Tavares, acusado de ser jefe de una milicia en San Gonzálo y detenido en enero por orden de la magistrada en el Estado de Espíritu Santo.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por O Globo, en los últimos diez años la jueza fue responsable por la prisión de cerca de 60 polícias vinculados a milicias y grupos de exterminio, además de bandas dedicadas a la adulteración de combustibles y transporte irregular.

Según el presidente del Tribunal de Justicia de Rio, Manuel Alberto Rebelo dos Santos, la magistrada tuvo una "custodia intensa" de 2002 a 2007 con la asignación de tres policías, hasta que el cuerpo consideró que no había más necesidad de vigilancia a pesar de lo cual dispuso un sólo efectivo de custodia que fue rechazado.