En una maniobra obligada por la confrontación con el campo, los Kirchner decidieron dos años atrás desviar a las provincias 30% de las retenciones a la soja, para mantener el apoyo de los gobernadores en el momento más complicado de la gestión de Cristina.

Sólo en lo que va del año, las provincias se quedaron con $ 4.000 millones (ver pág. 2). Por eso, será muy difícil que la oposición pueda sumar a la mayoría de esos mandatarios provinciales a la negociación que lidera en el Congreso para replantear el nivel de retenciones que se les cobra a los productores.

Algunos por elección política y otros a pesar de sus convicciones, los gobernadores son rehenes de la arbitrariedad con la que se manipulan los fondos estatales que tanto necesitan. Al menos, mientras la mayoría de ellos prefiera negociar en silencio y bajo extorsión a batallar públicamente por lo que les corresponde en un país que se define como federal desde sus raíces.