La contadora, quien llegara al gobierno provincial junto al ex gobernador Soria, sostuvo que se puso a disposición de la justicia, “promoviendo ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial de esta provincia, la acción de vindicación dispuesta en el artículo 56 de la Constitución de la Provincia de Río Negro.

Señaló en un comunicado que “no solo desmiento categóricamente las falaces afirmaciones vertidas en artículos “periodísticos” publicados en medios locales, sino que además, doy respuesta a las elucubraciones sin sustento fáctico y legal que formarían parte de la denuncia judicial formulada en mi contra”.

Remarcó que existe una persecución en su contra “que intenta en vano interferir en las exhaustivas auditorías que ha llevado adelante este Tribunal de Cuentas desde mi asunción como presidente, las que evidentemente afectan de manera sensible intereses personales y sectarios que han contribuido a generar una situación económica y financiera extremadamente critica y a un desorden administrativo que nada tiene que ver con la debida administración de los fondos públicos”.