MADRID.- El yerno del rey Juan Carlos Iñaki Urdangarín, se declarará culpable del delito de malversar fondos estatales , devolverá parte del dinero supuestamente desviado en su propio beneficio y aportará información clave sobre los paraísos fiscales a los que desvió millonarias sumas de las arcas públicas. Y todo, con un único objetivo: evitar pasar sus próximos años en prisión.

Según adelantó ayer el diario español El Mundo, esta estrategia de la defensa del marido de la Infanta Cristina sería una de las últimas cartas que le quedan para evitarle un escándalo aún mayor a una monarquía castigada por el desprestigio .

Acorralado por un creciente número de evidencias en su contra, el yerno del monarca, a través de su abogado, se vio forzado a proponerle a la fiscalía una suerte de "pacto". Esta apuesta consistiría en confesarse culpable de haber participado de una trama de corrupción en la que se desviaron en su propio beneficio cerca de 10 millones de euros, y abandonar su declarada táctica inicial de defender su inocencia.

A cambio, se solicitaría que la pena prevista para este delito -de entre 3 y 5 años- sea reducida a menos de dos años. Dado que el duque no tiene antecedentes penales, una pena inferior a ese período lo eximiría de cumplir una condena bajo el régimen de prisión efectiva, y especialmente, libraría a la corona española del escarnio.

Sin embargo, la fiscalía solo se ha limitado a "escuchar la propuesta", aunque los analistas locales cada vez se muestran más convencidos de que el camino de Urdangarín hacia la prisión ya es "irreversible".

Esta presunción de las fuentes que tienen acceso a la investigación se apoya no sólo en los testimonios recogidos durante las audiencias en febrero y marzo pasado, sino en las últimas pruebas presentadas en su contra que, además, afectan directamente a la imagen del rey.

Hace dos semanas, el juzgado de Palma de Mallorca, que entiende en la causa, recibió las copias de tres correos electrónicos intercambiados entre Urdangarín y su ex socio, el empresario Diego Torres, en el que el duque afirma que su suegro hizo gestiones como mediador para favorecer el desarrollo de sus proyectos, aún después de haberse alejado del Instituto Noós. A través de esa entidad, de la que el duque de Palma fue presidente entre 2004 y 2006, Urdangarín y Torres habrían urdido la trama para desviar los millonarios fondos otorgados por la municipalidad de Valencia y el gobierno de las Islas Baleares a testaferros con cuentas en paraísos fiscales en Belice, Luxemburgo y Suiza.

Esos mensajes, acercados al juez José Castro por la defensa de Torres, aumentaron la presión sobre el entorno del duque que, según especulaba ayer la prensa española, teme que el empresario pueda tener más pruebas que pongan en aprietos al rey y al resto de la familia real.

El acuerdo

Por esa razón, según desliza el diario El País, en los últimos días se produjo un inédito acercamiento entre los abogados de Urdangarín y Torres, para delinear una estrategia conjunta y evitar que los ex socios, distanciados desde el comienzo del escándalo, vayan a la cárcel.

A través de este virtual acuerdo, ambos imputados coincidirían en su propuesta de devolver el dinero público recibido de Valencia e Islas Baleares y abonar así, en forma "solidaria", cerca de 3,5 millones de euros "por los daños causados a la Administración". Al objetivo común de esta maniobra, el duque de Palma le suma el de evitar un temido juicio que sería imposible de soslayar.

No obstante, la fiscalía impuso fuertes condiciones para considerar la oferta que Urdangarín y Torres presentaron en forma separada, aunque, aparentemente, a través de un acuerdo algo menos que tácito.

Según trascendió ayer, la oficina del fiscal les exigió a ambos una confesión que incluya "datos novedosos" sobre los paraísos fiscales utilizados por la trama y, también, precisiones sobre el destino del total de los fondos girados en forma irregular hacia esos bancos.

Hasta el momento, y más de dos meses después de las declaraciones de Urdangarín como imputado, sólo se ha podido ubicar una porción muy pequeña del dinero presuntamente malversado. El paradero del resto del dinero público es aún un misterio tan insondable como las consecuencias que este caso puede acarrearle, en el futuro, a la maltrecha monarquía española..