El Gobernador Juan Manuel Urtubey aprobó la carta de intención firmada entre el Gobierno y la empresa Gasnor, en la cual se estipulan las obligaciones que tendrá cada una de las partes para el llamado a licitación, financiamiento y construcción del gasoducto paralelo Lagunilla - Cobos.
Esta obra comprende la colocación de 22 mil metros de caños de 203 mm, y además también se incluye una interconexión de aproximadamente 1.000 metros en la Avenida Bolivia.
El Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) señaló esa obra como fundamental para abastecer el incremento de demanda del sistema de distribución de Salta, y ante la posibilidad que se repita el escenario de escasez ocurrido cuando hubo bajas temperaturas, el Gobierno de la Provincia decidió iniciar a la mayor brevedad posible la construcción.
Sin costos para los usuarios
En la carta de intención se establece que la provincia solventará el costo total de la obra, ya sea con recursos propios o con aportes de tercero y especifica que ello no implicará el traslado del costo de la obra a los usuarios.
Además la provincia llamará a licitación para adjudicar la obra y deberá gestionar los permisos y el informe de impacto ambiental.
En caso de contar con aportes de terceros el gobierno podrá constituir un fideicomiso que gestione y administre el dinero aportado y deberá pagar los certificados de avance de obra de los contratistas.
Por su parte Gasnor deberá realizar el anteproyecto, pliego de especificaciones técnicas, asesoramiento técnico y autorización para el inicio y habilitación de obra.
Además deberá, junto con la provincia, inspeccionar el avance de la construcción del gasoducto.
Transferencia de obra
Una vez que se concluya con el gasoducto, la Provincia deberá transferirla para su operación y mantenimiento a Gasnor, quien a partir de ese momento se hará cargo bajo su exclusiva responsabilidad económica, técnica y regulatoria.
En casos de detectarse fallas de construcción, estas deberán ser solucionadas por la empresa contratista.
Esta obra se iniciará con fondos provinciales, pero el Gobierno presentó un convenio para permitir su financiamiento, pero al no tener certezas de cuanto demorará la decisión, Urtubey decidió comenzar con aportes del tesoro provincial.
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