Empresarios aseguraron contar con grabaciones telefónicas que incriminarían a funcionarios del gobierno y sindicalistas en un claro hecho de corrupción.

Todo comienza a partir de la firma el acuerdo que fue rubricado el 16 de mayo pasado entre Juan Carlos Billarreal, Carlos Milocco, Miguel Ceballos y Antonio Franco en representación de los pescadores, y Ricardo Biani, Carlos Scabuzzo y Osvaldo Audana por el Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe. Allí los supuestos representantes de los pescadores se comprometieron a garantizar la "paz social", a cambio de 3.234 toneladas de sábalos de cupos de extracción que naturalmente terminarán luego en manos de los empresarios que venden el sábalo extraído aquí a Colombia, Bolivia y África para consumo interno.

El dirigente del Sindicato de Pescadores del sur provincial, Arturo Pino, dialogó con Sin Mordaza sobre cómo se administra la actividad y denunció varias irregularidades. Habló de desmanejo de los cupos de captura y exportación de pescado y apuntó a Ricardo Biani como el principal responsable de una gran cantidad de anomalías suscitadas en torno al control de la pesca. "En este juego del toma y daca, las consecuencias las paga el pescador", afirmó.

Uno de los impulsores del Sindicato de Pescadores en la provincia denunció varias anomalías que se suceden en el marco de la actividad, entre ellas, que se canjeó con el gobierno provincial la "paz social" por cupos para la exportación. Muchas son las voces que hablan a las claras de que detrás de la actividad pesquera se oculta un gran "negociado", y Arturo Pino dio su punto de vista al respecto. "Ni Mandrake sabe qué hay detrás del negocio de la pesca. Hace tempo que me dedico a este tema y veo que en la provincia no se ha dado pie con bola sobre este tema, ninguna gestión lo ha logrado", comenzó.

En este sentido, sobre el control de esos cupos, Pino señaló que lo único que debe hacerse es cumplir con lo que establece la ley, pero -advirtió- ésta no se aplica. "Uno de los que está al frente de esta actividad es el ingeniero Ricardo Biani, mentor de la ley 11.314 sobre los puertos de fiscalización, pero todavía no se ha puesto en funcionamiento en la provincia de Santa Fe un sólo puerto de fiscalización. No están funcionando", denunció.

Vale mencionar que estas terminales de inspección de la actividad pesquera constituyen elementos esenciales en la explotación y conservación del recurso pesca, ya que son el primer eslabón en el control y fiscalización de la pesca comercial.

"Cada quince días, Biani saca una resolución diferente y esto lleva a que los frigoríficos no puedan exportar, porque no se les otorga la licencia para los cupos. La Ley Nº 12.212, en su art. Nº 8 establece que los cupos de captura favorecen al pescador, ni siquiera a una organización. El sindicato no puede controlar los cupos de captura, sólo puede controlar que se cumplan las leyes laborales dentro de los frigoríficos. Lo demás es un tema que deben ver los empresarios", añadió.

Hay información que alega que los cupos de pescadores son manejados por gremialistas que están pidiendo 120 por tonelada para entregar a los frigoríficos para que puedan exportar. "Esto salió de una resolución interna del Ministerio de la Producción, que está matando a los empresarios y a los pescadores".

Interrogado por el precio real del kilo de pescado, dijo que "hay contradicciones" al respecto. "Dicen que el gremio ha fijado el precio máximo por pieza al pescador en $1,50. Todos los gremios están hoy en paritarias pidiendo como mínimo un 35 por ciento de aumento. El secretario general del Sindicato no puede pedir que se le pague $1,50 la pieza al pescador, porque el pescado se está pagando entre $1,60 y $1,80 el kilo. El gremio así firma la 'paz social' a cambio de favores que le hace el Ministerio de la Producción, yendo en contra de quienes dice que representan".

"Pero acá hay algo más grave aún: se han habilitado frigoríficos de la zona y se han dado cupos de exportación de 450 toneladas cuando estas personas no tenían ningún antecedente como exportadores, y la ley 12.212 determinó que antes de entregar una licencia o de habilitar un frigorífico no sólo deben cumplirse todas las normas, sino también recordar que hay un Consejo Provincial Pesquero integrado por instituciones que deben ser las encargadas de controlar la actividad. Lamentablemente, en este juego del toma y daca, quien paga las consecuencias es el pescador", expresó indignado el dirigente gremial.