Se acercan la Corte y el Gobierno

Ayer, en la Legislatura, avanzaron para encontrar una alternativa a la selección de los conjueces. Es un asunto que en el último mes provocó un fuerte cortocircuito entre la Justicia y el Poder Ejecutivo.
El Gobierno y la Justicia provinciales lograron avanzar ayer para encontrar una alternativa a la selección de los conjueces, situación que había desencadenado en el último mes un cruce fuerte entre ambos poderes, que llegó al enfrentamiento entre el gobernador Celso Jaque y el presidente del máximo tribunal, Alejandro Pérez Hualde.

Este acercamiento se dio en el marco de la Legislatura mendocina, durante una reunión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en la que estuvieron el ministro de Gobierno, Mario Adaro, y jueces designados por la Corte. En ella que se definió, entre otros puntos, avanzar en la discusión de los dos proyectos de ley que hoy existen alrededor de este tema.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo se quedó con gusto a pólvora. Estaba previsto que la reunión asistieran los miembros del máximo tribunal y no jueces designados por ellos y allí Adaro esperaba comenzar la discusión por la reforma judicial. Esta última es una iniciativa que contempla, entre otros puntos, la evaluación de los magistrados por aptitud, desempeño e idoneidad; el límite al pago de antigüedad y la suspensión de la feria judicial de julio.

Pero los supremos, el jueves por la noche, decidieron a través de una acordada enviar a dos representantes y no sentarse frente a legisladores y funcionarios.

“Hoy hemos avanzado en la discusión para solucionar el vacío legal que generó el conflicto con la Corte por los conjueces. Pero eso sirve sólo para resolver la emergencia. Nosotros aspiramos a que este espacio legislativo de debate no sea sólo para esto y que la Corte tenga la voluntad de sentarse a discutir esto y también la reforma del Poder Judicial”, soltó Adaro al término del encuentro.

Lo que quedó entonces, luego del fallido intento oficial, fue la alternativa de debatir sobre los conjueces con propuestas que van desde plantear la designación de estos, a través de un marco constitucional, y armar un sistema para su selección que consiste en que la Corte envíe al Ejecutivo 30 postulantes, de allí elegirá diez 10 y luego será la misma Corte quien defina el resto de los cargos por sorteo.

Reforma política sin debate

Adaro llegó a la Legislatura este viernes, un día después de que fuera citado por la oposición para discutir otra de las reformas, la electoral, uno de los cambios claves que se encuentran demorados.

El ministro de Gobierno había sido convocado por la Unión Cívica Radical hace una semana, luego de que ese partido opositor se mostrara apurado por definir el calendario electoral para 2011.

Los radicales no pueden resolver su cuestión interna en este punto: la UCR mendocina está dividida entre el grueso de los dirigentes y la posición de dos de sus referentes, Ernesto Sanz y Alfredo Cornejo, quienes quieren definir los candidatos a gobernador durante los primeros meses de 2011. El encuentro se frustró ya que los legisladores de la oposición dijeron no haberse enterado de la visita del ministro.

Lo que está en debate es cómo aplicar aquí los cambios electorales que fueron anunciados hace casi un año por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que estableció elecciones internas abiertas, obligatorias y simultáneas para elegir los candidatos a presidente y diputados el 24 de agosto del 2011, a través de la Ley Nº26.571 de Democratización Política, la Transparencia y la Equidad Electoral.

El Gobierno anunció a principio de semana su propio proyecto de reforma, que será consensuado en los próximos días entre Celso Jaque y el presidente del Partido Justicialista, Rubén Miranda.

Uno de los aspectos que más se discute es si los cargos electivos en la provincia surgirán el año próximo a través de elecciones abiertas, simultáneas y, sobre todo, obligatorias.

Esta última condición es resistida por varios intendentes no sólo del oficialismo. Tampoco la aceptan jefes comunales que pertenecen a la oposición.

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