Por unanimidad, el Jury de Enjuiciamiento resolvió ayer aceptar la acusación por mal desempeño que pesa sobre el superintendente de Irrigación, Eduardo Frigerio, aunque se decidió que la continuidad del proceso contra el funcionario encargado de las políticas del agua pase para después de las elecciones generales del 23 de octubre.

Con la presencia y el voto de 20 de los 21 miembros que integran el tribunal, todos los asistentes –pertenecientes a la Corte y a la Legislatura provincial– decidieron dar curso a la investigación. Ahora, el funcionario tiene diez días hábiles para presentar el descargo sobre la denuncia que hace semanas realizara el diputado del PJ Federal Roberto Blanco junto a otros legisladores.

Sin embargo, el organismo investigador fijó su próxima reunión para tratar este caso el 27 de octubre, cuatro días después de las elecciones generales en la provincia.

Lo sucedido ayer no es la confirmación de los hechos que se le imputan al titular del estratégico organismo estatal, sino que el tribunal dio traslado para que el acusado se defienda.

Pero lo ocurrido no es menor: con lo votado ayer se dio inicio a un proceso que los integrantes del jury podrían haber desestimado in límine –enviando a archivo la causa– si consideraban que no existían méritos suficientes como para avanzar. Al menos, Frigerio ahora deberá dar explicaciones de manera formal sobre las denuncias que pesan sobre él.

La postura de volver a reunirse el 27 de octubre se adoptó luego de que el PJ y algunos miembros de la Corte decidieran defender al funcionario y sospecharan las denuncias en su contra como “electoralistas”. Esta posición fue adoptada por legisladores, como Ricardo Petignano (PJ), y por el juez Carlos Böhm.

“Esto es un mamotreto”, descalificó el supremo, quien junto a los legisladores peronistas pidió el archivo de la causa, que acumula más de 500 páginas.

Empujado por los radicales Juan Carlos Jaliff y Sergio Bruni, y el peronista disidente Daniel Cassia, se negoció que se aceptara la acusación pero que la próxima reunión del tribunal se realice después de las elecciones, para despejar cualquier utilización electoral.

“Lo pasamos para después del 23 de octubre, pero lo votamos por unanimidad”, soltaron los legisladores opositores en un tramo de los escasos –pero tensos– treinta minutos que duró la sesión.

“Se cuestionaba que fuera un tema electoral y se opinó en forma unánime que las pruebas se analicen después de las elecciones”, sostuvo Jaliff al término de la reunión.

Por su parte, Petignano afirmó: “Tenemos un estudio acabado de todos los temas, y sabemos que no hay motivos para este pedido de jury y que es una mera especulación electoral, por lo que hemos decidido tratarlo luego de las elecciones”.

Las acusaciones de Blanco

Frigerio fue denunciado por Blanco en un escrito que en su momento llevó también la firma de los legisladores Roberto Infante y Patricia Gutiérrez.

Desde el punto de vista legal, la acusación fue por no cumplir con los artículos 194 y 195 de la Constitución provincial, con los artículos 2, 3 y 8 de la Ley 25.831 de Información Pública Ambiental y con el artículo 16 de la norma 25.675 de política ambiental nacional, por mencionar algunos. Esto, como consecuencia de al menos siete hechos. Entre éstos, “ablandar” requisitos a la minera San Jorge para comenzar a explotar la mina de cobre en Uspallata y otorgar en tiempo récord 21 nuevas perforaciones en zonas restringidas durante la crisis hídrica, que beneficiaron a siete grandes emprendimientos inmobiliarios.

También, permitir beneficios extraordinarios de toma de aguas a una finca de Tunuyán que es propiedad de uno de los hijos de Jorge Villalón, asesor del superintendente, verdadero hombre fuerte de la repartición y dirigente estrechamente vinculado al operador político Juan Carlos Chueco Mazzón.

“Me parece perfecto que el proceso haya pasado para después de las elecciones. Irrigación siempre estuvo por encima de cualquier especulación política al momento de hacer la denuncia”, manifestó Blanco, satisfecho por la resolución del tribunal.