El ministro de Economía, Alejandro Arlía (izquierda), con las muletas a cuestas, recorrió los despachos de los bloques para negociar la aprobación del fondo de asistencia a los municipios.

LA PLATA - Corresponsalía - Con el pedido de ampliación presupuestaria trabado desde hace más de un mes en la Cámara Diputados, legisladores del bloque del Frente para la Victoria reconocieron que aceptarán modificaciones en el Fondo para los Servicios Municipales para que se distribuya de manera más equitativa entre los distritos del interior y el conurbano bonaerense.

La búsqueda de consenso no será fácil porque ahora, que se abrió la negociación, los jefes de las bancadas de la UCR y el GEN pretenden inyectar más dinero en el Fondo.

El proyecto que el Gobierno bonaerense envió a la Legislatura solicita tomar un nuevo endeudamiento por 1.600 millones de pesos para pagar el aumento salarial otorgado este año a trabajadores y funcionarios públicos y ampliar el presupuesto por 5.300 millones.

Pero en el mismo paquete y para aceitar el ánimo de los legisladores -representantes de municipios con necesidades financieras- el Ejecutivo incluyó la creación de un ?Fondo para el Fortalecimiento de los Servicios Municipales?. Propuso integrar dicho Fondo con 500 millones de pesos que serán de libre disponibilidad ?para atender los servicios de atención primaria de salud?, un eufemismo -aceptado por todos- que resguarda legalmente el uso del dinero por parte de los intendentes, para que puedan atender necesidades cotidianas y cubrir baches financieros.

Las diferencias con la mayoría de los legisladores no fueron por el endeudamiento, sino por las partidas que le toca a los distritos. Tal como fue enviado oroginalmente a la Legislatura, los más beneficiados serían los 14 municipios que integran el Acumar, que están a la vera del Río Matanza-Riachuelo: entre estos se distribuirán 100 millones de pesos. Los 400 millones restantes se repartirán entre todos los demás distritos a partir de un esquema que tomará en cuenta la extensión territorial (el 10%) y el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), una variable medida por última vez en el Censo poblacional de 2001.

Con este esquema, a General Pueyrredon le hubieran correspondido algo más de 10 millones de pesos, pero ahora no se sabe, pues hay que recalcular de nuevo los números: se estima que puede ser más si se amplía el reparto para los distritos del interior, o la misma cantidad en el peor de los casos (ver aparte).

Barajan alternativas

Los jefes de bloque de las bancadas opositoras y con mayor representación en el interior barajan alternativas para que sus municipios no pierdan en la repartida. Pero aquí advierten que el Gobierno va a tener que hacer un esfuerzo e inyectar más plata para que tampoco se vean perjudicados los del conurbano.

El pedido que remitirá los próximos días el presidente de la Cámara Baja, Horacio González, al ministro de Economía Alejandro Arlía rondará un refuerzo de entre 40 y 70 millones de pesos que deberán sumarse a los 500 millones originales.

En cuanto al criterio de distribución, una posibilidad sería que la mitad de los 400 millones se repartan a través del COU, el mismo mecanismo que se utiliza en la coparticipación, y la otra parte según lo planteado en el proyecto original.

Otra alternativa que barajó el titular del bloque de diputados de la UCR, el loberense Ricardo Jano, era aumentar el índice de territorialidad, pautado por el Gobierno en un 10%.

En cambio el presidente del bloque de diputados del GEN-PS, Jaime Linares, planteo que ?esos 500 millones de pesos, que equivalen al 0,8% de lo que es la coparticipación primaria, se garanticen todos los años?. De esta manera pretende que a partir del próximo presupuesto los municipios reciban 16,94% del total de ingresos de la Provincia en lugar de los 16,14% que reciben actualmente. ?Según el índice de NBI le dan una gran valija a los muchachos de conurbano y la realidad es que ellos reciben ATP, ATN y obras que nuestros municipios no reciben?, se quejó.

Por su parte el presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuesto, Franco La Porta, habría presentado ya una alternativa al Ejecutivo para añadir 70 millones de pesos para repartir según los mecanismos de la coparticipación.

Hoy el presidente de la Cámara Baja, Horacio González, convocará a varios intendentes para que entre el martes y el miércoles avalen el acuerdo al que pueda llegar con las bancadas de la oposición.

En el radicalismo ya están alistando la tropa de jefes comunales que van a participar de las reuniones en La Plata. Saben que si se ceban con el pedido el Gobierno podría acordar con Unión Pro -que critica el endeudamiento para gastos corrientes y exige que sea para armas y móviles policiales- para intentar conseguir los votos necesarios.

Además en el Gobierno dejaron en claro que podrían sacar por decreto la ampliación presupuestaria; aunque no el permiso de endeudamiento. Lo que significaría dejar de invertir en obra pública para hacerle frente al aumento salarial. Desde el Ejecutivo provincial igual apostaron a que la iniciativa podrá avanzar en la Legislatura.

Negociaciones complicadas

El proyecto ingresó el 13 de julio a la Cámara Baja provincial ya sin consenso para darle tratamiento en la primera sesión posterior al receso invernal. Ante la falta de apoyo, incluso de los legisladores oficialistas vinculados al interior, el presidente de la Cámara invitó al ministro de Economía a explicar o justificar las medidas. Nada funcionó.

Tras infructuosos encuentros en la Comisión de Presupuesto e Impuesto para que la iniciativa del Gobierno se apruebe sin cambiar ?ni una coma?, el Frente para la Victoria debió ceder en algunos ítems a favor de los intendentes del interior que se encontraron con una buena posibilidad para hacer caja en sus reducidas cuentas.

Según lo planeado el proyecto debía tratarse y aprobarse por fin ayer y pasar al Senado.

Sin embargo, el martes los siete legisladores del oficialismo que participan en la Comisión de Presupuesto decidieron no darle despacho a la propuesta por no contar con el aval de ninguno de los legisladores de los bloques opositores.

Para aprobar el proyecto se necesitan dos tercios de los diputados presentes en la sesión, lejos de lo que pueden alcanzar los 37 diputados del oficialismo.

El Peronismo Federal y el ARI rechazan le proyecto de plano y aducen que sus diferencias provienen desde la sanción del presupuesto 2010 en diciembre del año pasado. Unión Pro critica el endeudamiento para gastos corrientes y exige mayor presupuesto para armas y móviles policiales. En cambio la UCR, el GEN-PS y el cobismo apoyarían la iniciativa con una modificación en la distribución del Fondo.