Ayer se dio un peculiar debate en la Legislatura provincial, cuando se analizaba la aprobación, que fue por mayoría, del contrato de prórroga de la concesión que tiene la empresa Arpetrol en la zona de Cabo Vírgenes.

En ese marco, la diputada Gabriela Mestelán adelantó su voto negativo, básicamente haciendo un racconto de su postura ideológica, no sólo sobre extender las áreas a las empresas que ya las tienen, sino también del propio marco regulatorio, entendiendo que se estaban entregando las reservas hasta su agotamiento. “No se trata de que se llame YPF, PAE o Arpetrol, sino de que no estamos de acuerdo con el origen de este tema, que es la prórroga de las áreas”, indicó la legisladora.

La crítica fue recogida por el diputado Aníbal Billoni, quien fue el miembro informante del despacho de Arpetrol, y en ese punto, el legislador planteó: “La negociación con YPF avanza lentamente”, y eso ocurre básicamente porque “YPF no entiende que acá, en Santa Cruz se exigen mayores condiciones que en el resto de las provincias porque tenemos una ley marco que, por lejos, es la mejor del país”, aseguró.

A la hora de defender el marco regulatorio y las extensiones ya negociadas en torno a la normativa, el diputado Aníbal Billoni sorprendió al asegurar, contestando a su par Gabriela Mestelán, que la extensión aprobada de las áreas de PAE nada tenía que ver con lo que se viene haciendo con la ley marco, ya que se trata de una negociación encarada a nivel nacional y “se hizo porque hubo un acuerdo por una deuda de 3 mil millones de pesos y a Santa Cruz le significó sólo un 6%”, sin aclarar más sobre el tema.

El área prorrogada es la CA-11 “Faro Vírgenes”, que es explotada por la empresa Arpetrol Argentina SA y el contrato fue firmado el 21 de junio de este año, ratificado por Decreto Provincial 1.357/11.

El acuerdo con Arpetrol se hizo en base a lo estipulado por la Ley provincial 3.117, promulgada por Decreto 538/10, que establece el marco regulatorio para la prórroga de concesiones hidrocarburíferas de las concesiones otorgadas oportunamente por el Estado nacional y posteriormente transferidas a la Jurisdicción Provincial, por Ley Nacional 26.197 y normas complementarias.