MADRID.- Después de varios días de creciente presión del gobierno español sobre Venezuela, Madrid informó ayer que Caracas se comprometió a investigar al presunto miembro de ETA y actual funcionario del gobierno de Hugo Chávez que habría organizado cursos de adiestramiento en suelo venezolano para terroristas del grupo separatista vasco.

El hecho fue interpretado en Madrid como un gesto de buena voluntad por parte de Caracas para disipar las dudas sobre posibles nexos entre el gobierno venezolano y ETA.

El anuncio de la investigación se conoció un día después de que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le exigiera a Venezuela "acciones inmediatas, concretas y específicas´´ para aclarar el papel de Arturo Cubillas, actual jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura venezolano, acusado de entrenar a etarras en ese país (ver aparte).

Según un auto judicial de la Audiencia Nacional española, dos etarras detenidos la semana pasada confesaron haber recibido adiestramiento en el manejo de armas en 2008, en Venezuela, durante un curso organizado por Cubillas.

La confesión de los etarras, además, deja en evidencia que Cubillas sería actualmente el "embajador" de ETA en Venezuela y que utilizaría sus relaciones con la policía venezolana como salvoconducto para que sus invitados puedan moverse con libertad.

Hasta ayer, Caracas había rechazado tajantemente cualquier vínculo con ETA y había puesto en duda que la confesión de los dos etarras fuera "voluntaria". Pero tras varios reclamos de Madrid a Caracas para que facilitara información sobre el caso, el canciller español, Miguel Angel Moratinos, se comunicó anteanoche con su par venezolano, Nicolás Maduro, quien finalmente se comprometió a esclarecer los hechos e ir "hasta el fondo del asunto".

Así lo informaron ayer fuentes de la cancillería española, que precisaron que "el ministro Moratinos conversó con Maduro y [éste] le aseguró que Venezuela tenía la voluntad de investigar y aclararlo todo´´.

Según las fuentes, esta investigación interna podría decidir tanto la suspensión cautelar de Cubillas en su cargo oficial como su interrogatorio por parte de la policía venezolana. "El gobierno español espera que el Ejecutivo venezolano destituya a Cubillas de su cargo en el Ministerio de Agricultura y que se produzca su detención", confió un vocero de la cancillería española. "Apartar a Cubillas de su cargo, aunque sea con carácter cautelar y hasta que se aclare lo sucedido, evitaría que este problema se complicara todavía más", explicó.

Antes de que se conozca la decisión de Caracas de investigar a Cubillas, el presidente del opositor Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, había instado otra vez al gobierno de Zapatero a que exigiera "explicaciones" al gobierno de Chávez.

"Si hay terroristas entrenándose en su territorio, estamos ante un acontecimiento de una enorme importancia y no podemos mirar para otro lado", había señalado.

A la espera de hechos concretos, la decisión de Caracas de investigar a Cubillas llevó alivio al gobierno de España, en donde muchos advierten que Venezuela se está convirtiendo cada vez más en un santuario para ETA, ante el acoso que sufre el grupo en Francia.

En los últimos meses, sin embargo, hubo una serie de hechos significativos, como la decisión de prohibir el ingreso en Venezuela de Walter Wendelin, líder de la agrupación de izquierda separatista Askapena (que estuvo en la Argentina pocos días antes de su arresto en España) y el registro de un avión en el que se sospechaba que viajaba un etarra. Todo esto, según España, reflejaría un cambio de actitud del gobierno de Chávez.

"Lo que pedimos es que los etarras que viven en Venezuela [medio centenar], muchos retirados desde hace años, estén bajo control y no tengamos un día la sorpresa de que alguno ha vuelto al servicio activo", alegaron fuentes del Ministerio del Interior español. Cubillas, de 45 años, también figura en otra investigación de la Audiencia Nacional española, que lo señala como intermediario en la supuesta alianza entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región. El fiscal general de la Audiencia Nacional de España, Javier Zaragoza, afirmó ayer que existen pruebas irrefutables de los vínculos entre ambas organizaciones.

Según precisó, esos nexos "han quedado demostrados por guerrilleros desmovilizados, por declaraciones de miembros de ETA y por material encontrado en la computadora del ex jefe guerrillero Raúl Reyes, abatido durante un bombardeo contra un campamento de las FARC, en marzo de 2008.