Pretende aprobar sin cambios el proyecto enviado por el Gobierno
El apuro por aprobar el presupuesto del año próximo se produce a pesar de que el Gobierno ya comenzó a revisar muchas de sus pautas para 2012, sobre todo su política de subsidios , según admitieron a La Nacion fuentes oficiales. En la Casa Rosada reconocieron que la partida de $ 75.000 millones contemplada en el cálculo oficial de recursos y gastos para los subsidios podría reducirse en $ 20.000 millones.
El primer paso para la aprobación de la ley -el año pasado no fue sancionada y el Gobierno debió prorrogar la de 2010- se dará en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, aprovechará las diferencias internas en la oposición para imponer un dictamen de mayoría.
Cumplido ese objetivo, analizará cuándo debatirlo en el recinto, si antes o después del 10 de diciembre próximo. Su duda no es caprichosa: Rossi se siente tentado a mostrarle un trofeo a la Casa Rosada antes de la renovación parlamentaria, pero sabe que sólo tendrá plenas garantías de mayoría una vez que asuman los nuevos diputados y se consolide la hegemonía kirchnerista. El jefe del bloque kirchnerista se inclinaría, finalmente, por esta última opción y así se lo comunicó a su colega del Senado, Miguel Pichetto, la semana pasada. Salvo, claro, que algún sector de la oposición le ofrezca señales más consistentes de que apoyará, sin chistar, cada uno de los artículos del presupuesto. Señales que, por ahora, no se vieron.
Los bloques de la oposición anticiparon que, si el oficialismo apura el dictamen del presupuesto 2012 este miércoles sin aceptar que se modifique una coma, lo firmarán en disidencia total.
El proyecto contempla un crecimiento del producto bruto interno (PBI) del 5,1% y se calcula un dólar a $ 4,40 como promedio anual. Se prevé un uso de reservas por US$ 5674 millones para pagar deuda. En las proyecciones presupuestarias que presentó Boudou se estima que la recaudación mejorará en un 23,2%; el gasto público ascenderá a 505.130 millones de pesos, y el gasto social rondará los 303.000 millones de pesos.
"Hemos solicitado la presencia de varios funcionarios del Gobierno para que detallen algunos de los aspectos del proyecto oficial, pero el oficialismo pretende imponernos un dictamen sin contemplar modificaciones. No estamos de acuerdo y firmaremos en contra", sentenció Ricardo Gil Lavedra, presidente del bloque de la UCR.
De esta manera, Gil Lavedra endurece su posición y se acerca más a la Coalición Cívica, que, en la voz del diputado Alfonso Prat Gay, había adelantado que rechazaría el proyecto del Poder Ejecutivo por plantear pautas macroeconómicas a su juicio inconsistentes.
En un primer momento Gil Lavedra se inclinaba por facilitar el debate y la sanción en general de la iniciativa; entendía que no había otra alternativa luego del categórico triunfo en las urnas de Cristina Kirchner. No quería repetir la experiencia del año pasado cuando, por no aprobar el presupuesto, el Gobierno prorrogó la ley anterior y reasignó los recursos a su total discreción.
Sin embargo, presionado por su bloque, Gil Lavedra no pudo garantizarle a Rossi que su bancada apoyaría sin modificaciones cada uno de los artículos del texto. Es que para muchos radicales la iniciativa oficial es indigerible desde el mismo momento en que proyectó, por ejemplo, una inflación anual del 9,1%. La mayoría de las consultoras privadas duplican, al menos, esas estimaciones.
"La presión tributaria sobre los contribuyentes es ya insostenible; hay que discutir el esquema de ingresos y, en este contexto, una rebaja en las retenciones agropecuarias", sostuvo el diputado radical Oscar Aguad.
La subestimación de los ingresos tributarios es otro de los puntos que objeta la oposición. Tanto la UCR como el Frente Amplio Progresista (FAP) estiman que el Gobierno esconde bajo la alfombra al menos 30.000 millones de pesos de recaudación extra para el año próximo para luego reasignarlos, por medio de la ley de superpoderes, a su total arbitrio.
Ante la intransigencia del kirchnerismo de modificar el proyecto, tanto la UCR como el FAP votarían en contra de la iniciativa, al igual que la Coalición Cívica. El Peronismo Federal se dividirá: un sector -el que agrupa a los diputados por Córdoba y Santa Fe y los que responden al diputado Felipe Solá- votará a favor del proyecto en general, aunque objetarían puntualmente algunos artículos. El otro grupo, en cambio -el que responde a Eduardo Duhalde, a Alberto Rodríguez Saá y a Francisco De Narváez- lo rechazaría.
Rossi medirá milimétricamente los pasos de sus oponentes antes de decidir si apurará o, por el contrario, retardará hasta después del 10 de diciembre la media sanción del presupuesto 2012. A menos que algún bloque de la oposición claudique en sus posiciones, todo indicaría que la ley sólo verá la luz después de iniciado el verano.
Mestre, en busca del consenso
El senador e intendente electo de Córdoba, Ramón Mestre, dijo ayer que el radicalismo debe buscar el diálogo y el consenso con el Gobierno y no plantarse en una postura obstruccionista, al tiempo que aseguró que la UCR debe encarar una profunda reestructuración y convocar a todos los dirigentes que en los últimos años se fueron del partido. "El paso que sigue a este inicio de debate es abrir las puertas y convocar a todos los que se fueron y planificar una estrategia que nos permita volver a los valores principales que ha tenido la UCR. Tiene que tener vocación de mayoría y de poder", dijo Mestre a Radio El Mundo..











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