La medida fue dada por el juez Federal José Luis Casals, quien procesó a los ex accionistas de la empresa Hugo Gerardo Beck, Jorge Luis Fraiman, Antonio y Enrique Juan Gildi, Hernán Carlos Ramírez, Javier Guido González, Rubén Evaldo Konopacki, Rubén Meaurio Duarte, Hugo Alberto Olivera, Carlos Semle y Julio Víctor Wierna. La causa comenzó por una denuncia realizada en el 2003 por el entonces subsecretario de Ecología de la Provincia, Juan Pablo Cinto. El juez fijó además un embargo de 15 mil pesos a cada uno de los procesados. La medida del juez se basa en las actuaciones realizadas por Cinto en los años 2001 y 2003 en las cuales constató “el vertido de desechos peligrosos al arroyo Los Angelitos, que desemboca en el río Paraná, y en un derrame de hidrocarburos en el río Paraná, que fuera constatado por Prefectura Naval y que, de acuerdo con los cálculos realizados en aquel momento, habría sido de entre 200 y 300 litros”, indica el procesamiento. En tanto, hace hincapié en que los análisis detectados del agua mostraron que “en la misma se podía hallar residuos gaseosos como dióxido de azufre y cloro; sulfitos ácidos de calcio; sulfoligninas; cloroligninas; aceites e hidrocarburos en general; cenizas de caldera; pastas celulósicas; chatarras, escombros y piedra caliza”.