El requerimiento fue llevado por uno de los asesores del Organismo de la Constitución quien, a su vez, expuso a Sella sobre lo imperativo de la intervención pues media una orden de desalojo contra los pobladores, en su totalidad agricultores, que ocupan, desde hace varias décadas, unas pocas hectáreas, pertenecientes al Ejército Argentino y que son utilizadas para actividades primarias de subsistencia de sus familias.

Como es de conocimiento por parte de la Defensoría de Formosa, existe un convenio marco entre los Ministerios de Defensa y de Agricultura y Ganadería de la Nación, en el cual, precisamente se prevé la utilización de los predios del Ejército Argentino para la producción, garantizando, con ello, la inclusión social y la inversión pública tendiente a alentar actividades productivas.

Por lo que, presentando un proyecto productivo referido a la explotación que realizan este grupo de familias de Palo Santo, podría, cuanto menos, asegurárseles la posesión y explotación de los inmuebles actualmente ocupados por las mismas. La petición de intervención fue recepcionada por el Defensor del Pueblo de la Nación, quien se comprometió a dar curso a la misma.

A su turno, el Asesor de la Defensoría, interviniente en la gestión, Dr. Julio Santander, expresó que existe plena seguridad de la buena gestión que se realizará desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, en pos de los derechos de los pequeños agricultores de Palo Santo, pues el trabajo en coordinación con Nación es permanente, siendo también, como la Defensoría de Formosa, integrantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y en tal carácter todo pedido de colaboración, en ambos sentidos en todos los casos, es atendido con la celeridad que las circunstancias ameritan.-”