El abogado de 21 de las víctimas del choque en Zanjitas consideró que las audiencias del jueves y del viernes representaron una bisagra en la investigación de la mayor tragedia vial registrada en la historia de la provincia. Según el penalista José Luis Dopazo, con la declaración de la directora del colegio Santa María y de la dueña de la empresa Polo “ha quedado ciento por ciento probada la concurrencia de responsabilidad de la escuela y de esa firma. Y no ha sido por la pericia de los abogados, sino por confesión de ellos”, aseveró.

Con estos dos testimonios, “más allá de la absoluta responsabilidad del chofer del colectivo –César Jofré– quedó en claro que tanto la titular de la empresa, Mabel Tyempertyopolos, como la autoridad del colegio, Mónica Luna, pusieron los elementos causales para que ese conductor fuera en ese transporte, por esa ruta. Y también quedó establecido que no tomaron ningún recaudo para que esta desgracia no ocurriera”, aseguró.

Las declaraciones de Luna y de la empresaria no fueron las únicas que se tomaron el viernes. Pero sin duda fueron las más relevantes.

La jueza penal 1 Mirtha Esley y el fiscal Ernesto Lutens, además de los abogados que representan a las familias de víctimas fatales y a sobrevivientes, al imputado y a Polo escucharon las explicaciones de Tyempertyopolos, primero, y las de la docente, después.

El jueves la siesta, el día previo a las declaraciones, los investigadores fueron al colegio y secuestraron toda la documentación vinculada al contrato realizado para concretar el viaje solidario, que tenía como último destino la localidad de Cazador.

“Lo único que se encontró es un recibo que dice ‘recibí $ 500 en concepto de seña’, que lleva la firma de una empleada de Polo. No tiene más detalles. Podría ser el comprobante de cualquier cosa. Pero la directora admitió que ése es el recibo por una parte del pago de ese servicio. Es la única documentación que hay sobre el viaje”, informó Dopazo.

“Advertidos de que estaba esta documentación tan irregular –continuó–, cuando fueron a declarar al día siguiente, le plantée a la jueza que relevara a Tyempertyopolos y a Luna de juramento, que no hicieran una declaración testimonial, sino informativa. Y la magistrada hizo lugar al pedido”.

La eximición de juramento suele ser aplicada en los casos de sospecha de cierta responsabilidad. Es decir, en caso de que la jueza considere que hay pruebas, podrían ser imputadas.

La empresaria dijo que sus empleados celebraron el contrato con la directora del colegio. “Contó que les solicitaron un colectivo para 42 personas. Cuando le consultaron dónde había quedado registrado el pedido, indicó que en un cuaderno tipo Arte, donde anotaban de este modo: ‘Colegio Santa María, viaje a Cazador, 2 de noviembre de 2012, 8:00 horas, 42 personas. Después trazaban una línea y proseguía el orden de los pedidos’”, detalló el penalista.

Tyempertyopolos aseguró que esa vez las autoridades del colegio no les dieron un listado del pasaje, que en otras oportunidades sí lo habían hecho y que supo después cuántas personas habían viajado. “Cuando le preguntaron por qué mandó una unidad para 39 personas cuando le habían pedido una para 42 dijo que ella no la envió, que lo hizo un empleado”, relató.

La respuesta fue para Dopazo sólo uno de los pasajes donde la dueña de Polo intentó deslindarse de su responsabilidad.