Cuando habla, Manuel parece un guerrero batallando contra un enemigo devastador. Sus palabras están enhebradas con enojo y nostalgia. Es vecino de una zona conocida como el Castoral, en Villa de Leales, en la cual habitan unas 20 familias. Desde hace un tiempo, ve con preocupación que uno de los caminos que conecta su barrio con el río Salí está empezando a desaparecer. Primero, según cuenta, cayó el alambrado que delimitaba cuál era el paso por la arteria y qué pertenecía a una finca. Después, las plantaciones fueron avanzando y se achicó sensiblemente el ancho de la vía.

"Esta es una calle pública", dice convencido el vecino, de 81 años. No sabe si esa vía figura en los mapas. Ese detalle no parece importarle. "Por este camino yo me he criado, y después he criado a mis 10 hijos", explica. Usó durante mucho tiempo la arteria mientras trabajaba en la cosecha de caña y también para llegar hasta el río en sus momentos de esparcimiento. Ahora teme no poder llevar nunca más por ahí a sus nietos a disfrutar del cauce de agua. El mismo miedo sienten otros vecinos, como Miguel Díaz, dueño de un almacén a la que suelen ir los pescadores que visitan el río. Elizabeth Caro también reniega. Señala cómo el camino hacia el afluente se ha convertido en una simple huella, serpenteada por yuyos y plantas, y por un canal de agua que también corre riesgo de borrarse. Después de recorrer 100 metros por la senda, en medio de una tupida vegetación, se abre paso y nos sorprende el inmenso cauce del Salí. En el fondo, como salido de un cuadro, está el Castillo del Castoral, una fortaleza de más de un siglo, cargada de historias y leyendas. "Mire si esto no podría ser aprovechado por el turismo si hubiese un acceso adecuado. Pero evidentemente a nadie les interesa; al contrario, tratan de esconderlo", resalta Manuel.

El de Leales es apenas un caso de otras decenas que denuncian ciudadanos ante reparticiones de la Provincia. Sostienen que el acceso a las costas de ríos y lagos está cada vez más restringido. A veces ocurre por descuido, en otras oportunidades por decisión de propietarios de terrenos por los que pasa un cauce de agua. No faltan las "avivadas" de algunos que se instalan cerca del río y le cobran a las personas que pretenden usarlos. "Hay muchas irregularidades", destaca Luis Barrientos, un experto de la Dirección General de Catastro.

Según informa, por ley está establecido el libre tránsito de costas de ríos, arroyos y lagos. No obstante, actualmente en algunas partes de la provincia no se cumple con esta norma. Dentro del departamento de Leales, el lugar más conflictivo está en Los Romano. En El Cadillal, en los bordes del dique Celestino Gelsi, las playas están sembradas de obstáculos, cada vez más fragmentadas por particulares que avanzan sobre las costas públicas y bloquean el paso con alambres o barreras naturales. Aprovechan estos espacios atractivos para el turismo y el esparcimiento. "Lo curioso es que justo tomaron los sectores más importantes del lago", resalta.

"Este es un problema que lo estamos encarando desde varios frentes del Estado. En los últimos tiempos, hubo mucha gente que se instaló en desmedro de que la ciudadanía pueda disfrutar del sector que quiera del lago y del río Loro. No es que sea imposible ceder un espacio para que alguien ofrezca servicios, pero de ninguna forma se puede prohibir el acceso al cauce", especifica el agrimensor.

En El Cadillal hay más de 150 usurpaciones (entre uso ilegal de costas y ocupaciones de terrenos fiscales). "El tema es grave porque hubo muchos desmontes", añade Barrientos.

Los pescadores cuentan que para la gente está naturalizado pedir permiso a privados o pagar para llegar hasta la orilla del lago. "Estamos habituados a tener que abrir tranqueras o cruzar alambrados", explica Joaquín Salinas, que practica pesca en el dique desde hace 10 años. "La mejor parte para pescar o para hacer deportes, que es la cola del dique, se llenó de particulares que cerraron todo", reclama.

"El perilago no puede ser ocupado, no sólo porque estos espacios son un derecho del ciudadano común, sino también porque en ellos el Estado tiene la obligación de cuidar el entorno del espejo de agua, evitar la contaminación y preservar el ecosistema existente", aclara Barrientos.

El escenario de la naturaleza cercada no es una cuestión exclusiva de Leales y de El Cadillal. Si tenemos en cuenta que, según Turismo, ya hay 200 balnearios en la provincia con acceso directo a ríos y lagos, valdría la pena que en ellos quedara en claro cuál es el límite entre lo público y lo privado.

20 metros menos de costas libres

En su artículo 2.369, el Código Civil actual plantea que los propietarios limítrofes con ríos o canales están obligados a dejar un camino público de 35 metros hasta la orilla y que no pueden intervenir en ese espacio. En el proyecto de reforma del Código, se propone reducir 20 metros el espacio de costas libres.