En la sesión de ayer, Morales destacó la importancia del tratamiento y la aprobación de la iniciativa que “viene a fortalecer la República y los principios de la sociedad democrática”. “El derecho a la información es el género; el acceso a la información, la especie, que se integra a otros tres derechos de los ciudadanos: a su libre expresión de ideas; a recibir información periodística en forma plural; a solicitar y recibir información pública”, explicó el jujeño y agregó que “debemos garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía a saber y estar informado, cumpliendo con la manda constitucional”.

El senador aseguró que “son muchas las provincias que tienen normas en este sentido, incluso antes de la reforma constitucional de 1994, donde irrumpen los nuevos derechos y garantías”, y ejemplificó con lo normado en el artículo 38 de la Carta Magna sobre funcionamiento de los partidos políticos, así como el acceso a información adecuada y veraz, complementado con las medidas de acción directa, descriptas en el artículo 42, donde con la Acción de Amparo se tutela y concreta el derecho ciudadano.

También Morales recordó que normas internacionales adoptadas por la Argentina precisan que los Estados deben garantizar el derecho a la información pública.

“Suscribimos el dictamen con disidencia porque entendemos la necesidad propiciar el debate”, aseguró Morales y destacó el trabajo de la Comisión “tiene aspectos positivos pero algunos temas centrales que deben revisarse y modificarse”. “Si bien el dictamen mejora en muchos aspectos el Decreto 1172/03, cabe destacar que en otros es un retroceso”, recalcó.

Luego de reconocer el trabajo en Comisión y destacar la tarea del senador porteño Samuel Cavanchik, Morales trajo a colación los principios fundamentales de la legislación. “Debemos reivindicar este momento del Senado”, apuntó y añadió que “el principio general debe ser el acceso; permitir el monitoreo de la gestión pública. Pero el derecho no es absoluto y los límites deben ser establecidos por ley. Razón por la cual, el capítulo de las excepciones es fundamental”.

“En base a la categoría de dominio público, donde se garantiza el uso y goce para todos los habitantes, la información publica es imprescriptible e inalienable”, calificó el senador quien recordó el uso del decreto 1172/02 para esclarecer el Caso Greco entre 2007 y 2009. “Con el senador Ernesto Sanz motivamos el leading case del acceso a la información pública”, remarcó y añadió que “con la información que recabamos hicimos un trabajo que llegó a la conclusión que el Grupo Greco le debía al Estado 167 millones de pesos, y así una resolución judicial revirtió las medidas del ministerio de Economía que iba a pagar 587 millones de pesos a la grupo mendocino”. “Reivindiquemos al Congreso por el trabajo de investigación”, pidió a sus pares.

El presidente de la bancada radical informó que hizo “cuarenta pedido de acceso a la información, a diferentes organismos del Estado y con dispares respuestas. Ha sido un recurso ante la imposibilidad de conseguir información del Poder Ejecutivo mediante pedidos de informes en este Senado”.

Ejemplificando con el Caso Greco, Morales enfatizó: “El fallo de la Cámara de Apelaciones sobre un recurso de amparo por mora es muy importante a la luz del debate legislativo”.

Morales finalmente repasó los temas más importantes del proyecto que se debatió por más de 5 horas. “La legitimación activa amplía, porque el principio es el acceso y la publicidad de los actos de gobierno; las excepciones, que deben remitir a leyes; el marco de transparencia activa, tal como lo establecen las normas centrales y los tratados internacionales”, enumeró y reclamó desde lo instrumental “mas claridad en método y plazos”, lo mismo que para la medida cautelar donde destacó la necesidad de “establecer el principio de la carga de la prueba”.

Para el debate en particular, que quedó agendado para el próximo 30 de septiembre, Morales dejó una propuesta para el capítulo de la Autoridad de aplicación: “queremos plantear que la Defensoría del Pueblo sea el tribunal de alzada”.

“Que hoy haya acuerdo habla bien del Congreso. Esta norma tiene un rango superior y debe evitarse el veto presidencial. Todas la ongs, además, hace años que reclaman un ley”, finalizó el senador radical.