La causa penal que investiga los abusos de menores cometidos en el Seminario Menor de Paraná entre 1984 y 1992, y que tiene como principal acusado al cura Justo José Ilarraz, podría tener un giro esta semana a partir de las peticiones que harán dos de los abogados querellantes ante el juez de Instrucción Alejandro Grippo.

El abogado Milton Urrutia va a pedir la declaración testimonial del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y además la presencia de dos de los ocho sacerdotes que firmaron un petitorio, presentado en 2010 al entonces arzobispo Mario Maulión, a través del cual pidieron que Ilarraz sea apartado del ejercicio sacerdotal, y que además el caso fuera llevado a la Justicia.

De acuerdo a lo que contó Urrutia, el testimonio de Puiggari podría resultar clave a partir de la declaración de uno de los testigos que declaró ante la Justicia. Se trata de un sacerdote que estuvo presente en el encuentro del clero al que convocó Puiggari el 14 de septiembre en el Centro Mariápolis El Salvador, y donde explicó pormenores del caso Ilarraz. Por ejemplo, contó ante la Justicia que el arzobispo admitió en esa reunión la existencia de los casos de abuso.

El pedido para que declare Puiggari se suma a otra solicitud hecha el viernes por Urrutia, quien planteó al juez Grippo la necesidad de que también sea citado a prestar declaración el cardenal Estanislao Esteban Karlic, quien en 1995 escuchó testimonios de las víctimas y ordenó la realización de una investigación diocesana.

De todos modos, el fiscal de la causa cree que todavía no es tiempo para que declare ninguna autoridad eclesiástica y menos todavía el principal imputado, el cura Ilarraz. “Faltan testimonios”, argumenta Juan Francisco Ramírez Montrull, una postura que coincide con la que sostiene su superior, el jefe de todos los fiscales, el procurador general Jorge García.

La tramitación de la causa, caratulada “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, fue impulsada por el procurador general, acompañado por el fiscal de Cámara Rafael Martín Cotorruelo, y el agente fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, a partir del testimonio de una víctima, al que luego se sumaron otros tres.

El caso salió a la luz el 13 de septiembre último, luego de la publicación de la revista Análisis y obligó a la Iglesia de Paraná a aceptar rápidamente los hechos a través de sendos comunicados oficiales.

El primero se publicó el mismo día 13; el segundo, se dio a conocer el 22 de septiembre, y ya cuando la Justicia había empezado a actuar, la Curia mostró predisposición a colaborar con el juez “en todo lo que esté a su alcance para el completo esclarecimiento de los hechos –según el texto eclesiástico--. Reiteramos la firme determinación y compromiso con la búsqueda de la verdad y la aplicación de las sanciones legales que en su caso correspondan, conforme al derecho común aplicable”.

En realidad, la Iglesia hizo su propia investigación sobre los hechos, en 1995, que concluyó en una sanción meramente simbólica: después de escuchar los relatos de las víctimas, expulsaron a Ilarraz de la diócesis, y le prohibieron entrar en contacto con los seminaristas.

Ilarraz fue prefecto de disciplina en el Seminario Menor entre 1985 y 1992, y tuvo a su cargo los dos primeros años de la escuela secundaria orientada al sacerdocio que funciona allí.

En base al testimonio de una víctima que le confesó a su bedel –estudiante avanzado encargado de los más chicos— el caso llegó a oídos de Juan Alberto Puiggari, entonces superior en el Seminario. Puiggari lo escuchó al estudiante abusado, y se puso en contacto con el entonces arzobispo Estanislao Estaban Karlic, y éste ordenó, en julio de 1995, la sustanciación de una investigación diocesana.

El trabajo se llevó adelante bajo el mayor sigilo, y con el juramento de los testigos y víctimas de no revelar nada.

Paradójicamente, Ilarraz había sido un protegido de Karlic, según publica El Diario.

En 1993, Karlic le permitió viajar a Roma a cursar la Licenciatura en Misionología en la Pontificia Universidad Urbaniana. El decreto N° 39/93 firmado por Karlic lo autorizó a ausentarse de Paraná por un período de dos años; ese permiso después se extendió hasta 1996.

El cura volvió a la Argentina en 1997, pero ya no a Paraná, sino que se trasladó a Tucumán, por cuanto ya para entonces había estallado el escándalo de los abusos, y a él se le había prohibido pisar el territorio de la diócesis de Paraná.

Pero no hubo una sanción que llevara a impedirle practicar el sacerdocio, y por eso el cura ahora investigado por la Justicia consiguió que la Iglesia de Tucumán lo acogiera y le permitiera seguir ejerciendo el ministerio hasta el 7 de septiembre último, cuando recién fue suspendido.

En el marco de la causa judicial, al pedido de Urrutia para que declaren Karlic, Puiggari y otros sacerdotes de la diócesis, se sumará también la petición que hará otro de los querellantes, Walter Rolandelli, que actúa en conjunto con Marcos Rodríguez Allende, y que apunta a la realización de una pericia psiquiátrica a Ilarraz.

El dato no es menor: la realización de esa pericia quedaría a cargo del equipo forense de Tribunales, y ello plantea la necesidad de que Ilarraz deba viajar a Paraná –en teoría, está en Tucumán--, una posibilidad que hasta ahora era remota.

Interrogado acerca de si Ilarraz está en Paraná para la pericia implicaría que también va a declarar, Rolandelli explicó: “No, nosotros sólo pedimos la pericia psiquiátrica. La pericia es un elemento, que nosotros consideramos relevante, para conocer la personalidad del cura, si tiene tendencia homosexual, si es proclive a los abusos. Es algo que ayuda”.

--¿Van a pedir también la declaración de alguna jerarquía de la Iglesia?

--Sí, vamos a pedir que declaren Puiggari y Karlic. Pero en nuestro caso, nosotros hacemos una distinción. Rescatamos la colaboración y la buena predisposición de Puiggari. La declaración de uno de los testigos confirma que Puiggari dijo en esa reunión de Mariápolis que estaba en conocimiento de los hechos. Y surge de toda la documentación que tenemos que Puiggari trató de encontrarle una solución al tema, y que salga la verdad. En cambio, Karlic deja mucho que desear. Ilarraz fue su secretario privado, y lo adoraba. Incluso, lo mandó a Roma cuando sabía de las acusaciones que tenía en su contra. En ese sentido, Karlic es el más comprometido.

Inician exámenes a las víctimas

La Justicia iniciará hoy los trámites tendientes a la realización de pericias psicológicas y físicas a las víctimas que declararon haber sido abusadas por el cura Justo José Ilarraz mientras permanecieron como pupilos en el Seminario Menor de Paraná, y el religioso ejerció el cargo de prefecto de disciplina, entre 1984 y 1992. El trámite fue pedido por las partes –querellantes y fiscales--, y acogido favorablemente por el juez de Instrucción Alejandro Grippo. La tarea se cumplirá esta semana con una de las víctimas. En tanto, una segunda víctima será sometida a ese tipo de exámenes entre los días 20, 21 y 22 del actual, según explicaron fuentes judiciales. Mientras, en Tribunales aguardan con expectación la presentación de más testimonios de víctimas de los abusos. Las fuentes consultadas por El Diario dieron cuenta del optimismo que reina en la Procuración General respecto de la posibilidad de que más ex seminaristas se presenten, y se sumen a los cuatro que ya declararon haber soportado los abusos del cura Ilarraz. Por otra parte, ayer estaba previsto que una de las víctimas ampliara su declaración indagatoria, aunque el trámite finalmente no pudo concretarse. Un imponderable de último momento impidió a la víctima estar presente en Tribunales, por lo que su comparecencia fue pospuesta.